En un comunicado, OCU destacó que la sentencia supone “un paso en la dirección correcta” que “debe ser tenido en cuenta por las instituciones comunitarias” que actualmente negocian

el futuro reglamento de Protección de Datos.

A juicio de OCU, la decisión tomada ayer por el Tribunal de Luxemburgo viene a ratificar su opinión respecto a la necesidad de que las normas europeas sobre protección de datos sean respetadas en su integridad y de que las autoridades están obligadas a velar por su cumplimiento, con independencia de que la empresa que trate esos datos esté radicada en la UE o fuera.

En este sentido, recordó que, con ocasión de las negociaciones abiertas para la aprobación del nuevo reglamento, se puso en marcha la campaña ‘Tus Datos son Tuyos’ para pedir apoyo de los consumidores en su petición a las autoridades españolas para que protejan de manera efectiva sus datos personales y sean los “verdaderos dueños de los mismos”.

De hecho, se envió al ministro de Justicia una carta en la que se contenían las principales reivindicaciones que OCU hacía de cara a la negociación del reglamento, como el derecho a la portabilidad de los datos personales, de forma que el usuario pueda transferir sus datos personales de una empresa a otra sin que la primera pueda impedirlo alegando que esos datos, una vez en sus servidores, son de su propiedad.

También plantea la obligación por parte de las empresas de contar con el consentimiento del usuario para poder recabar y tratar sus datos, un consentimiento que “debe ser informado, específico, libre y revocable en cualquier momento”.

De igual forma, reivindica el derecho del usuario “a conocer qué datos se recogen y para qué se recogen, prohibiéndose de manera efectiva a las empresas utilizar los datos personales que recaban para fines distintos a los que motivaron su recogida”.

Por último, reclama el derecho de los usuarios a que se les notifique cualquier violación de sus datos personales, con independencia de que se trate de una violación grave o leve, así como a poder denunciar esa violación de manera “rápida, efectiva y barata”.

Para ello ve imprescindible que el consumidor pueda denunciar ante las autoridades de su propio país o ante las del país de origen de la empresa que ha violado sus datos.