En una carta enviada al Secretario de Estado de Energía, Alberto Nadal, las asociaciones fotovoltaicas denuncian la discriminación que supone que Industria no contemple la posibilidad de que se ganen los más de 300 juicios abiertos en España contra la reforma del sector eléctrico y la ruptura de la seguridad jurídica.

Las organizaciones se refirieron a las declaraciones de Nadal en las que dijo que el Gobierno considera que el impacto del no cumplimiento de los compromisos adquiridos con los inversores fotovoltaicos sería “muy pequeño en el peor escenario, pues ninguna empresa española puede arbitrar contra el Reino de España”.

A su juicio, implican que Industria en sus cálculos contempla que los más de 300 recursos en marcha actualmente en el Tribunal Supremo “no serán ganados por los demandantes”.

Esta consideración “implicaría presumir, e incluso llegar a condicionar, el fallo de un órgano que ha de ser independiente como es el Tribunal Supremo”, denunciaron.

Además, reprocharon que Nadal “está poniendo de manifiesto una grave falta de previsión en cuanto a los costes económicos de la reforma del sector eléctrico puesta en marcha de forma retroactiva, sin contar con el consenso del sector y sin aplicar el consejo de los órganos reguladores que se han manifestado en contra, como la CNE, la CNC, o la Defensora del Pueblo”.

Por ello, las asociaciones fotovoltaicas exigieron a Industria que muestre los estudios de impacto económico que han motivado estas “sorprendentes” declaraciones de Nadal, así como los distintos escenarios que se estuvieran contemplando, para “dar transparencia a tan graves afirmaciones”.

"CONTRARIO AL DERECHO"

Las asociaciones consideran “inconcebible y contrario al derecho” un escenario en el que el Estado español se viera obligado a indemnizar a fondos internacionales por los recortes retributivos a las renovables, mientras que “las familias españolas, los propios nacionales, fueran sentenciadas a cargar con los mismos”.

La reforma del sector eléctrico, que entró en marcha en julio de 2013, ha afectado a más de 62.000 familias, que invirtieron en plantas de energía fotovoltaica "alentados y confiando en la normativa publicada en el BOE", recordaron.

Asimismo, estiman que las reformas retroactivas puestas en marcha por el actual Gobierno, han supuesto un recorte de ingresos para el sector de más de 930 millones de euros anuales, suponiendo en algunos casos una reducción de más del 50% de los ingresos previstos en el momento de realizar la inversión.

“Al haberse producido durante los primeros años de funcionamiento de las instalaciones, estos recortes han llevado a situaciones

de insolvencia por imposibilidad de atender los compromisos de pago de deuda con las entidades financiera”, agregaron.