En la sesión matutina del Pleno del Tribunal Constitucional, este órgano judicial admitió a trámite los recursos de las tres formaciones citadas contra los acuerdos de la Cámara catalana de los días 27 y 28 de octubre y 2 y 3 de noviembre, que darían inicio al proceso de independencia de Cataluña, porque el asunto sometido a su juicio suscita una cuestión “de relevante repercusión social, con consecuencias políticas generales”.

Ciudadanos y el PP solicitaban, además, que el máximo garante de la Carta Magna suspendiera cautelarmente cualquier acto que se derivara de las decisiones tomadas en el Parlamento catalán en esas fechas. El PSC se descolgó de esa petición por considerar que no sería atendida.

Según fuentes del TC, los jueces consideran que no es procedente impedir un proceso parlamentario que aún no se ha sustanciado y que es producto de la decisión política de una Cámara elegida democráticamente. De hecho, no hay precedente alguno de suspensión cautelar de ninguna votación parlamentaria.

Además, entiende que suspender un acto parlamentario a priori iría en contra de la propia doctrina del Tribunal Constitucional y podría entenderse como una especie de pronunciamiento definitivo sobre el fondo del asunto.

DOS AUTOS

En sendos autos, el Pleno afirma que, si bien la ley permite suspender cautelarmente la ejecución de cualquier acto de los poderes públicos que sea objeto de un recurso de amparo, el Tribunal siempre ha destacado “como uno de los fundamentos del sistema democrático que el Parlamento es la sede natural del debate político y que el eventual resultado del debate parlamentario es cuestión que no debe condicionar anticipadamente la viabilidad misma del debate”.

En este caso concreto, la petición de adopción de la medida cautelar rebasa la función del recurso de amparo al promover “un control de constitucionalidad sobre una resolución que no se ha adoptado y cuyo contenido último se desconoce”.

La finalidad del recurso de amparo, añade, está a salvo, pues una eventual sentencia estimatoria de la demanda “conllevaría la declaración de nulidad de todos aquellos actos, incluidos los de trámite, que hubieran resultado lesivos de los derechos fundamentales de los demandantes de amparo”.

El Pleno del TC afirma ser consciente del “riesgo” de que en el Pleno del Parlamento de Cataluña anunciado para el próximo día 9 se apruebe una resolución acorde con la propuesta tramitada. Pero agrega que “ello no debe llevar a distorsionar el momento asignado por el ordenamiento constitucional a cada institución para ejercer sus competencias”. “En este momento”, añade el Constitucional, “es a la propia Cámara autonómica a la que corresponde velar por que su actuación se desarrolle en el marco de la Constitución”.

“Son las Asambleas parlamentarias, en su condición de poderes constituidos, las que, en primer lugar, deben velar por que sus decisiones se acomoden, en todo momento, a la Constitución”, asegura en sus resoluciones el garante de la Carta Magna.

“PRUDENCIA Y DETERMINACIÓN”

Por último, el Pleno señala que “el contenido de las disposiciones, resoluciones o actos emanados de un poder público, cualquiera que sea, no menoscaba la integridad de las competencias que la Constitución encomienda a este Tribunal, que ejercerá cuando proceda, con prudencia y determinación”.

En el momento de la admisión a trámite el Alto Tribunal advirtió de que en estos recursos se abordan "cuestiones sobre las que no hay doctrina de este tribunal y el asunto suscitado trasciende del caso concreto, planteando una cuestión jurídica de relevante y general repercusión social, con consecuencias políticas generales".

El Pleno del TC acuerda también dirigirse al Parlamento de Cataluña para que, en un plazo que no exceda los 10 días, “remita certificación o fotocopia adverada de las actuaciones parlamentarias correspondientes a los acuerdos impugnados” y para que pueda personarse en el procedimiento, lo que significa que los recursos de amparo presentados seguirán el trámite ordinario para su análisis de fondo.

El Tribunal Constitucional se reunió a las 11.00 horas de este jueves en un Pleno en el que el primer punto del orden del día era la admisión a trámite de los recursos de amparo. Tras más de dos horas y media de reunión, los 11 miembros del Alto Tribunal acordaron un descanso de tres horas antes de retomar para tener tiempo de plasmar los argumentos jurídicos que respaldan su decisión y aplican la negativa a aplicar medidas cautelares.

En concreto, Ciudadanos, PSC y PP recurrieron, por una parte, la convocatoria de la Junta de Portavoces el pasado martes sin que hubiese estado constituido el Grupo Parlamentario Popular, pese a tener de plazo para ello hasta el día 6, y por otra, la decisión de la Mesa del Parlamento de tramitar la iniciativa de Junts pel Sí y la CUP en la que insta al futuro Gobierno catalán a comenzar la andadura hacia una república catalana independiente.

RECURSO DEL GOBIERNO

Con este escenario, la resolución independentista se podrá debatir el próximo lunes, coincidiendo con el aniversario de la consulta realizada en 2014, aunque el Gobierno la impugne.

El presidente, Mariano Rajoy, ya ha anunciado públicamente que el Ejecutivo recurrirá cualquier acuerdo del Parlamento catalán en ese sentido, pero esa impugnación sólo se podrá presentar cuando la votación sea un hecho.

La declaración independentista y los actos que puedan emanar de ella sí pueden ser suspendidos por el Tribunal Constitucional, que, con probabilidad, volverá a reunirse en Pleno la próxima semana.