El pacto constaría de ocho ejes: el primero pide su debate en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, con el fin de consolidar un marco estable y suficiente que asegure su sostenibilidad.

En segundo lugar, el Ejecutivo andaluz propone el impulso de servicios de calidad profesionalizados y la reactivación de un sector que sólo en Andalucía supone casi 50.000 empleos. Como tercer eje, se plantea el compromiso para asegurar la responsabilidad pública en el sistema, mediante la gestión directa de todo el proceso de valoración, prescripción e inspección, sin menoscabo de la participación de entidades sin ánimo de lucro y empresas.

La propuesta subraya el papel de las corporaciones locales, como administraciones más cercanas al ciudadano. En este sentido, solicita la derogación de los artículos de la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local que limitan el gasto municipal.

El Pacto de Estado propuesto por el Gobierno andaluz considera también imprescindible realizar un nuevo baremo de valoración de la dependencia más preciso e idóneo, así como corregir los cambios introducidos por la Administración central en este aspecto.

El quinto de los ejes plantea simplificar y agilizar los procedimientos en sus distintas fases (solicitud, valoración, programa individual de atención, provisión del servicio y seguimiento), de manera que el plazo total no supere los seis meses.

El sexto eje propone impulsar la coordinación de los servicios sociales y los sanitarios, el séptimo recuperar los mecanismos de participación y transparencia, y el octavo contempla que cualquier reforma sustancial del sistema se lleve a cabo en el Congreso de los Diputados.