Así lo plantearon al menos en el Foro Servimedia Comunicación '20D: propuestas políticas para la economía social' que reunió este jueves en la sede de Servimedia a los portavoces en materia de Economía Social de PP, PSOE, Ciudadanos, Podemos, Unidad Popular y UPyD para conocer sus propuestas electorales para este colectivo.

La representante del PP, Carolina España, puso en valor las medidas adoptadas por el Gobierno durante los últimos cuatro años para impulsar la economía social, entre las que destacó el acceso a bonificaciones para que las cooperativas puedan contratar a trabajadores jóvenes o para que las empresas de inserción incorporen a personas en riesgo de exclusión, y abogó por desarrollar el Programa de Fomento e Impulso de la Economía Social, recientemente aprobado por el Ministerio de Empleo y que contempla diferentes medidas de apoyo para impulsar la internacionalización de las entidades de la economía social o para fomentar la innovación.

Reyes Maroto, del PSOE, avanzó que el programa electoral de su partido de cara al 20-D incluirá la revisión de la Ley sobre Régimen Fiscal de las Cooperativas, que data de 1990, y planteará diferentes medidas para dispensar un trato fiscal más favorable a las entidades de la Economía Social. Un paquete fiscal que vendrá acompañado, según detalló Maroto, de la modificación de la Ley de Contratos Públicos para reforzar las cláusulas sociales y que "los concursos públicos no dejen fuera a las entidades de la Economía Social como sucede en no pocas ocasiones en la actualidad".

La fiscalidad será también la herramienta que planteará UPyD para estimular la actividad de las entidades de la Economía Social, aunque con un enfoque distinto, según señaló Rafael Calduch, "estableciendo un tipo fiscal privilegiado en el Impuesto de Sociedades que premie el arraigo en el territorio y la no deslocalización de la actividad". Miguel Gutiérrez, de Ciudadanos, apostó igualmente por actuar en el Impuesto de Sociedades para mejorar el trato fiscal que reciben estas entidades.

Segundo González, portavoz de Podemos, reafirmó la apuesta decidida de su formación por la Economía Social como segmento que encarna principios como la primacía de la persona sobre la empresa y señaló, como medida más significativa, que Podemos impulsará un decreto para agilizar la transformación de empresas en crisis en cooperativas, dando a los antiguos trabajadores de la empresa la oportunidad de capitalizar su paro para hacerse con el control de la misma.

La representante de Unidad Popular, Leire Olmeda, subrayó la "democratización de la economía" que supone el modelo empresarial de la Economía Social, y señaló que su formación incluirá en el programa medidas como privilegiar la realización de contratos de colaboración público-privada con entidades de este ámbito y que también tengan acceso preferente a la financiación pública.

PARTICIPACIÓN INSTITUCIONAL

El presidente de Cepes, entidad representativa de la Economía Social, Juan Antonio Pedreño, recordó que la Economía Social es un sector con más de 43.000 empresas, que da empleo a 2,5 millones y que genera un volumen de actividad de alrededor del 10% del PIB. Datos que, subrayó, enmarcan una realidad económica con un importancia creciente y que ya está presente en todos los sectores de actividad, y que también debería tener un peso mayor en la realidad institucional española. "Es urgente que en España se reconozca el papel de la Economía Social", recalcó.

Los partidos recogieron el guante lanzado por el presidente de Cepes y se comprometieron a incrementar la participación institucional de la Economía Social. La más clara, en este sentido, fue la portavoz popular, Carolina España, que aseguró que "las entidades de la Economía Social se merecen una Secretaría de Estado", idea que también fue bien acogida por Podemos, que se comprometió también a abrir las puertas del diálogo social a los representantes de la Economía Social.

También el Partido Socialista aceptó el argumento de la necesidad de una mayor representación institucional para la Economía Social y se comprometió a reunir el Consejo Estatal de Economía Social, creado en la última legislatura socialista de la mano de la Ley de Economía Social.