La puesta en marcha de un protectorado único para las fundaciones de ámbito estatal es, según la AEF, “un paso adelante que resuelve una de las principales reivindicaciones del sector desde que se aprobara la Ley 30/1994, de Fundaciones e Incentivos Fiscales a la Participación Privada en Actividades de Interés General”, que ya preveía entonces la creación efectiva de este órgano.

Hasta la fecha existen siete protectorados y cinco registros de fundaciones en la Administración General del Estado, lo que ha supuesto, en opinión de la entidad, “un claro perjuicio en el funcionamiento efectivo de las mismas”.

Con esta novedad, afirma la AEF, “se pone fin a la dispersión de la actividad administrativa de supervisión de las fundaciones de ámbito estatal” y se contribuye “a hacer efectivo un marco regulador único para el sector fundacional, favorececiendo el incremento de su transparencia”.

La asociación valora por tanto “muy positivamente” esta actuación, al tiempo que pone de manifiesto “la necesidad de que este órgano cuente con una estructura moderna y eficaz”. Javier Nadal, presidente de la AEF, aseguró hoy que “es necesario además que el protectorado esté dotado de recursos materiales y humanos suficientes, adecuados técnicamente a las tareas que legalmente le están encomendadas”. En este sentido, añadió, “la atribución a una subdirección general resulta insuficiente en cuanto al nivel administrativo que debería tener un protectorado”.

La AEF considera que el protectorado, que se adscribe al Ministerio de Educación, debiera “atribuirse a un ministerio con competencias transversales, dada la diversidad de fines de interés general que persiguen las fundaciones, si bien este es un primer paso positivo”. La entidad llamó la atención asimismo sobre que se excepcionen de este protectorado las fundaciones bancarias, “pues la unidad de protectorado en nada impide las diferencias de regulación material que vengan exigidas por el sector de actividad”.

En cuanto a la puesta en marcha del registro único de fundaciones de competencia estatal en el Ministerio de Justicia, considera que “no sólo incrementará la transparencia del sector, sino que facilitará la coordinación con los registros de fundaciones autonómicos e incrementará la seguridad jurídica”.