Ante estas cifras, UGT ve “imprescindible” promover mejoras en la protección de la salud mental de las personas trabajadoras, ya que estas patologías pueden verse agravadas, por ejemplo, por el estrés laboral.

Solo en enero se produjeron 79.651 accidentes de trabajo, de los que 43.450 causaron la baja laboral del empleado, lo que supone un descenso del 3,4%, y se han notificado 36.201 accidentes de trabajo sin baja (un 6,8% menos respecto a enero de 2024).

Dichos datos muestran descensos en los accidentes de trabajo durante la jornada, a pesar del leve incremento de los accidentes in itinere. Además, enero comienza con 50 muertes por accidente laboral, prácticamente los mismos que en el primer mes de 2024, cuando se registraron 51.

Eso sí, UGT subrayó que en el sindicato toman estas cifras con “cautela”, ya que el periodo de análisis es breve, por lo que seguiremos de cerca el estudio de la estadística sobre accidentes laborales.

“Desde UGT pedimos ambición y compromiso a la hora de revisar la Ley de Prevención de Riesgos Laborales en la mesa de diálogo social. No podemos dejar pasar esta oportunidad para garantizar una mayor protección de la seguridad y salud de las personas trabajadoras”, apremió el sindicato.

La gestión de los riesgos psicosociales de origen laboral que están afectando a la salud mental de las personas trabajadoras; la perspectiva de género; el abordaje de los efectos sobre la seguridad y la salud de las transiciones digital, ecológica y demográfica son cuestiones que, a criterio de UGT, urgen incluir en la ley.

Además, exigió reforzar la Inspección de Trabajo y Seguridad Social (ITSS) y, hasta tanto esto se haga efectivo, pidió que se habilite a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, como “auxiliares o colaboradores” de la Inspección en el cumplimiento preventivo, cuando se constaten situaciones constitutivas de infracciones graves o muy graves. “De nada sirve tener una Ley avanzada si no se garantiza su cumplimiento por parte de las empresas”, avisó.

Igualmente, reivindicó la creación de una figura similar a la del delegado territorial de Prevención de Riesgos Laborales a nivel estatal, ya que “es una realidad que los centros de trabajo sindicalizados son centros más seguros”.