Así lo señalaron en declaraciones a los medios antes de interponer el recurso los portavoces de las principales asociaciones de renovables y de distintas organizaciones de consumidores, ecologistas y sindicales.

El secretario de Anpier, Juan Castro-Gil, denunció las “ilegalidades” de la norma, al considerar que va en contra de la Ley de Edificación que “penaliza” la generación por energía fotovoltaica en edificios, e ir en contra de la Ley del Sector Eléctrico que establece que los autoconsumidores “pagarán por sus consumos eléctricos lo mismo que cualquier otro consumidor”.

Además, sostuvo que vulnera la Constitución al ser un decreto “claramente arbitrario” y al “criminalizar” con un peaje “absolutamente abusivo” a la fotovoltaica frente al resto de tecnologías que no pagan dicho peaje.

“Roza la retroactividad de la norma”, explicó Castro-Gil, quien advirtió del número “significado” de instalaciones fotovoltaicas que se encuentran en una situación “muy complicada”, de “ilegalidad” y con riesgo de ser sancionados.

En este sentido, desde la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético (Px1NME), el abogado Piet Holtrop indicó que se trata de una 2invención aislada española” ya que “a nivel europeo se fomenta esa modalidad” por ser “el futuro del sector energético y el cambio de paradigma”.

La coordinadora de la plataforma, Cote Romero, tachó de “inaceptablemente irresponsable” la regulación energética del Gobierno y advirtió de las “graves consecuencias” para la economía, los consumidores, el empleo y la lucha contra el cambio climático.

“El Gobierno del PP está regulando para favorecer los intereses económicos de las grandes eléctricas en contra de los intereses generales”, aseveró Romero, quien dijo ver un “insulto a la inteligencia y al sentido común” la norma de autoconsumo de entre toda la “locura” de la normativa eléctrica.

En todo caso, dijo esperar que se regule con “sentido común” a partir de las elecciones generales del 20 de diciembre ante el compromiso de todos los principales partidos políticos de la oposición que han anunciado que derogarán la normativa.

ARBITRARIEDAD

Asimismo, desde la junta directiva de APPA, Jorge González tildó la normativa de “una traba más” de las iniciadas desde 2010 al desarrollo de renovables, y reclamó una norma “sencilla y de fácil aplicación que sirva para todo el mundo, no solo para mantener costes o ingresos del sistema”.

De su lado, el director de Política Energética de UNEF, Pedro Palencia, defendió la “mayoría social y política” en favor de otra norma que favorezca el autoconsumo, y subrayó que “no pedimos ningún tipo de subvención, solo igualdad de condiciones y que se nos permita trabajar”.

Los denunciantes sostienen que la norma vulnera la Constitución Española, puesto que la aplicación de peajes al autoconsumo supone “una arbitrariedad con respecto a otras tecnologías que también autoconsumen, pero a las que no se les aplica carga alguna”.

MEDIO AMBIENTE Y EMPLEO

Igualmente, la responsable de la campaña Soluciones de Greenpeace, Sara Pizzinato, calificó de “ridículo” el hecho de que se intente frenar “lo imparable” en un momento en el que se busca el fin de la era de los combustibles fósiles y salvar el clima.

“Queremos que el caso español se conozca en toda Europa y se use como aquello que no se tiene que hacer para impulsar”, agregó.

Por último, recordaron que un estudio de CCOO señala que se podrían llegar a crear en España en torno a 80.000 puestos de trabajo en fotovoltaica, minieólica, biomasa y biogás con autoconsumo, por lo que “es una oportunidad que estamos perdiendo”.