Lo dijo en una conferencia en la sede del Colegio Oficial de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria (Coapi) de Madrid, titulada 'Cláusula suelo: acciones para su eliminación y devolución de cantidades indebidamente percibidas'.

Según este experto, la banca está expectante y mira con temor la próxima publicación de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea, que puede dar otro aldabonazo y llegar más lejos de como lo hizo el Tribunal Supremo de España en 2013, de manera que aumenten los importes de las devoluciones de cantidades indebidamente percibidas por las entidades bancarias.

Ribón, colegiado del ICAM, estima que hay actualmente 1.200.000 familias con hipotecas que incluyen una cláusula suelo, cuya situación podría cambiar con perspectivas a obtener su anulación y la devolución de cantidades indebidamente percibidas por las entidades bancarias desde el momento de aplicación de la cláusula, debido a la sentencia que se espera del Tribunal de Luxemburgo y que se pronunciará sobre la retroactividad.

La sentencia del Tribunal de la UE, que Ribón cree cercana, se producirá con motivo de las siete cuestiones prejudiciales que han planteado tribunales españoles que disienten de la doctrina establecida por el Tribunal Supremo en la sentencia de 9 de mayo de 2013 y que entendió que sólo era posible la devolución de las cantidades indebidamente percibidas por las cláusulas suelo desde tal fecha y no desde el momento en que comenzó a aplicarse la cláusula, habitualmente al firmar el préstamo hipotecario. Así lo estableció al crear el concepto de “orden público económico”.

Este escenario, explicó el jurista, ya está provocando que la banca “trate de frenarlo ofreciendo la eliminación de la cláusula y la restitución de cantidades desde la fecha de la sentencia del Tribunal Supremo (9 de mayo de 2013), incluso planteando acuerdos a tanto alzado en las vistas ante los jueces”.

Por ello, Eugenio Ribón considera que “esto no ha hecho más que empezar y que hay mucho trecho que recorrer”.

El impacto económico de la aplicación de la cláusula suelo en los consumidores y usuarios se estima en cerca de 10.000 millones de euros.