Según informa la CNMC, de los 77 expedientes asignados en el año 2015 a las comunidades autónomas, el mayor número de casos corresponde a los apartados de “actividades asociativas, colegiales y sindicales”, con un 25%, seguidos de los de “administración pública”, con un 17%, al margen del capítulo “Otros” con 31%, en el que el 50% se corresponden con servicios funerarios.

Por otro lado, la mayoría de casos, un 58%, afecta a los distintos tipos de conductas incluidos en el artículo 1 de la Ley de Defensa de la Competencia, como son fijación de precios y condiciones comerciales, limitación de la producción, y distribución, reparto de mercado, condiciones discriminatorias o subordinación de prestaciones suplementarias innecesarias.

Estos datos han sido analizados en el Consejo de Defensa de la Competencia, un encuentro anual entre la CNMC y los órganos autonómicos dirigido a establecer en común buenas prácticas y coordinar sus actuaciones, así como a impulsar programas de trabajo.

Cataluña, Galicia, Comunidad Valenciana, Aragón, Castilla y León, País Vasco, Extremadura y Andalucía son las comunidades autónomas que cuentan con una autoridad de competencia con órgano de instrucción y resolución.

Sin embargo, en algunas comunidades se cuenta sólo con órgano de instrucción y resuelve la CNMC (Murcia, Canarias, Madrid y Navarra) y en otras no existe autoridad (Asturias, Castilla-La Mancha, Baleares, La Rioja y Cantabria).