Así lo defiende esta institución en su informe anual correspondiente a 2015, entregado este jueves por la defensora del Pueblo, Soledad Becerril, al presidente del Congreso de los Diputados, Patxi López; del Senado, Pío García-Escudero, y de la Comisión Mixta de Relaciones con el Defensor del Pueblo, Joseba Agirretxea.

La oficina dirigida por Becerril señala que “la excesiva onerosidad de las sanciones de tráfico es, un año más, un argumento muy recurrente de numerosos conductores infractores” para quejarse ante el Defensor del Pueblo, puesto que “ven que sus economías domésticas se resienten intensamente como consecuencia de las gravosas sanciones”.

Sin embargo, la institución recalca que “el respeto a la ley es una herramienta indispensable para la convivencia y la experiencia demuestra que una de las causas del descenso de la mortalidad vial en los últimos años ha sido un régimen sancionador estricto” que cumple con una función disuasoria para no quebrantar las normas.

Por otro lado, el Defensor del Pueblo considera contraproducente que se pongan a la venta automóviles que pueden alcanzar velocidades que duplican el máximo permitido en las carreteras españolas. “Supone una evidente distorsión que se puedan adquirir vehículos que pueden llegar a superar los 250 km/hora cuando los límites de velocidad establecidos en la normativa no exceden de 120 km/hora”, sentencia.

QUEJAS POR NO TENER EL SEGURO

Además, el Defensor del Pueblo indica que el año pasado recibió quejas de conductores que habían sido multados por no tener el seguro de responsabilidad civil, cuyo incumplimiento supone una multa de entre 601 a 3.005 euros.

La institución entiende el malestar de los ciudadanos, pero precisa que el control y la comprobación de los agentes de que los vehículos estén asegurados “no debería molestar a los conductores ni tampoco debería enojarles la gravosa sanción que se impone por la falta de dicho seguro”.

“Es más que evidente el riesgo que para todos los ocupantes de la vía pública supone el hecho de que un vehículos circule sin el correspondiente seguro de responsabilidad civil y las dramáticas consecuencias que se puedan derivar en caso de accidente”, apostilla.

Por otro lado, el Defensor del Pueblo se dirigió a la Dirección General de Tráfico (DGT) tras admitir una queja de un ciudadano que aseguraba que los agentes de tráfico de la Guardia Civil debían imponer 50 sanciones mensuales si no querían perder entre 150 y 200 euros en la nómina.

Tráfico desmintió este hecho y apuntó que los agentes perciben el total del devengo mensual de productividad si su actividad “no sufre desviaciones negativas destacadas” respecto a lo establecido en cada unidad de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil, pero existen varios niveles de gradaciones en el caso de que ese nivel disminuya, hasta el punto de que el agente puede no cobrar por ese concepto de productividad.

Además, el informe explica la queja de un ciudadano sobre el hecho de que el Servei Català de Trànsit sólo permitía realizar en catalán el trámite de identificación del conductor de un vehículo a través de su web y califica de “avance muy importante” el nuevo baremo de indemnizaciones a las víctimas de accidentes de tráfico.

“VIOLENCIA A VECES INCONTROLADA”

Por otro lado, el Defensor del Pueblo indica que los problemas del tráfico y la seguridad vial no deben abordarse sólo desde una perspectiva técnico-jurídica, sino que también conviene analizarlos desde el punto de vista sociológico. “El tráfico viario es un reflejo del modelo de sociedad en el que, lamentablemente, en la actualidad quedan patentes actitudes como la competitividad y la agresividad, así como las desigualdades sociales”, añade.

En este sentido, subraya que la densidad del tráfico rodado “pone a prueba la paciencia de muchos conductores, que, con sus maniobras, gestos y reacciones insolidarias, explicitan una violencia a veces incontrolada que pone en riesgo la vida y la integridad física”.

“La forma de conducción evidencia los rasgos de la verdadera personalidad de los conductores, aunque en la mayoría de las ocasiones los afectados intenten justificarlos con otros argumentos (el estrés, las prisas, el egoísmo de los otros conductores, etcétera). La velocidad se concibe actualmente como un valor en sí mismo y el vehículo como un arma de agresión. La carencia de compromiso y solidaridad ciudadanas en la conducción refleja una falta de conciencia cívica”, concluye.