En rueda de prensa para presentar un informe de la patronal sobre el traspaso de competencias en el sector público, Rosell afirmó que “no ha habido la reducción que tenía que haber habido en los servicios centrales del Estado, que podría haber sido mayor”.

En concreto, el estudio apunta que tras el inicio del proceso de transferencias a finales de la década de los setenta y comienzos de los ochenta, el número de ocupados en la Administración estatal y la Seguridad Social era de unas 800.000 personas, mientras que en las comunidades autónomas la cifra era la mitad.

Por su parte, en el año 2015 el empleo en la Administración central se había reducido en unas 200.000 personas en comparación con mediados de los años 80, mientras que en las comunidades autónomas se había multiplicado por más de cuatro veces, superando los 1,6 millones de trabajadores.

De esta forma, entre 1987 y 2015 la cifra de trabajadores en las administraciones estatal y autonómica ha aumentado en más de un millón de personas.

No obstante, Rosell matizó que también se debe tener en cuenta que la población ha aumentado de forma significativa en España durante estos años, y subrayó que en lo que va de siglo ha crecido en 6 millones de personas.

Además, para valorar si el empleo en el sector público está sobredimensionado, el presidente de CEOE afirmó que se debe analizar “organismo por organismo” y adelantó que la patronal presentará en breve sendos estudios en profundidad sobre la educación y la sanidad.

EMPEZAR DE CERO

En su opinión, el proceso de traspaso de competencias fue “una grandísima oportunidad de modernización”, aunque añadió que “se ha quedado a mitad de camino”, ya que el nivel de transferencias “podría haber sido mayor”.

En este sentido, sostuvo que en algunos sectores de la Administración “se deben dejar como están”, como la Administración tributaria, “pero en otras hay que adoptar una actitud radical y dejarlo porque es ineficiente”.

En este último caso se refirió, “por ejemplo, a la Formación Profesional, que no ha funcionado y los últimos experimentos son un cero”. Por esta razón, sostuvo que se debería “empezar de cero” y elaborar un nuevo modelo de formación basado en “la idea de que las empresas son las que saben, las que pagan y las que tienen que decidir”.

También puso como ejemplo de parte de la Administración Pública que no funciona a los servicios públicos de empleo y defendió que es necesario “analizar y hacer una reflexión” sobre el modelo actual, ya que “no puede ser que sólo coloque al 3%, 4% o 5% de las incorporaciones”.

DEVOLVER COMPETENCIAS

Por otro lado, Rosell sostuvo que ya quedan “pocas cosas por transferir en grandes números”, y explicó que, por ejemplo, no hay ninguna comunidad que esté reclamando tener una policía autonómica como en Cataluña o el País Vasco.

Sin embargo, señaló que hay algunas comunidades que se están planteando devolver ciertas competencias, y consideró que sería algo “bueno” si estas autonomías “no lo hacen suficientemente bien”.

También destacó la importancia de la colaboración público-privada. “La hemos defendido y lo haremos siempre, ya que los resultados son mejores y los números son normalmente más positivos”, dijo Rosell, quien agregó que la claves es “cómo evaluar” la eficiencia de las administraciones.

Por último, advirtió que se debe tener “muy claro que el dinero público no es infinito” y que “hay que gestionar lo público con los nuevos instrumentos que nos prestan las nuevas tecnologías”.

Además, rechazó que las administraciones públicas sean un “nido de enchufes” para colocar a personas afines, aunque aseveró que “hay algunos casos”. Por esta razón, concluyó que “cuantos más funcionarios haya y menos empleados públicos, mejor”, ya que los primeros “pasan una serie de pruebas para su selección”.