Así lo ha comunicado la Dirección General del Imserso a la defensora del Pueblo en respuesta a la queja formulada meses atrás por el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi), que expresó el malestar del sector de la discapacidad por la demora en la puesta en servicio de este dispositivo.

En el escrito de la defensora del Pueblo al Cermi se pone de manifiesto que la Ciudad Autónoma de Melilla cuenta con una población de un 11%, aproximadamente, de personas que tienen un grado de discapacidad reconocido.

Por ello, el Imserso se planteó la prestación de servicios de atención a este sector de personas con discapacidad en un inmueble de la Dirección Territorial del Imserso en Melilla, que anteriormente se había utilizado como Residencia de Pensionistas.

El Imserso aclara que lo que se va a “poner en funcionamiento en dicho inmueble es un Servicio específico de Promoción de la Autonomía Personal adscrito a la Dirección Territorial del Imserso en Melilla, y no un centro. Este servicio ofrecerá a personas con discapacidad física y/o sensorial, mayores de 16 y menores de 60 anos, una atención integral y especializada a través de múltiples servicios y programas: inserción socio-laboral, productos de apoyo, promoción de la autonomía personal, todos ellos en régimen de centro de día, así como información y asesoramiento a las familias y a las entidades del sector”.

Los objetivos del servicio son “la normalización y la participación social, el impulso de la vida independiente y aumentar las posibilidades de empleo" de las personas con discapcidad.

El Imserso pone de manifiesto que “la elaboración de los Pliegos de Prescripciones Técnicas y de Cláusulas Administrativas Particulares ha sido compleja por cuanto deben recoger diversas prestaciones de atención directa a los usuarios, como las de recuperación médico-funcional y psicosocial, junto con otras de atención de día, así como los servicios generales necesarios para el funcionamiento del servicio (mantenimiento, limpieza y evacuación de residuos, recepción y telefonía, restauración y lavandería)”.

La Administración concluye que tras la tramitación del expediente económico y, una vez que haya sido fiscalizado por la Intervención Delegada, se procederá a la licitación y que “su adjudicación y la formalización del correspondiente contrato permitirán la puesta en funcionamiento del servicio”.