Estas son algunas de las conclusiones de un estudio sobre la aplicación de la Ley Integral contra la Violencia de Género por las Audiencias Provinciales elaborado por el Observatorio de la Violencia Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), presentado este jueves en Madrid.

Un total de 327 sentencias fueron condenatorias, 120 absolutorias y 50 parcialmente condenatorias. Tras analizarlas, el CGPJ pide reformar la ley para que no sea necesario probar la intención de dominio sobre la mujer en casos de violencia de género.

Según el estudio, el motivo de absolución más habitual es la falta de pruebas, muchas veces por constar sólo la declaración incriminatoria de la víctima, sin otros elementos que corroboren la acusación. Por ello, los expertos del CGPJ piden que se impulse la identificación de testigos, “porque es muy complicado romper la presunción de inocencia sólo con la declaración de la víctima”, dijo la presidenta del observatorio, Ángeles Carmona.

El estudio revela que el 78% de los fallos son condenatorios (totales o parciales) y que en el 45% (169) se aplicó el criterio de maltrato, sin necesidad de que hubiera lesiones físicas. Ese tipo de delito, el maltrato, también se planteó en el 46,4% de las absoluciones.

El segundo delito objeto de condena es el de quebrantamiento de pena o de medida cautelar, presente en 70 sentencias (18,7%), seguido de las amenazas leves, en 67 sentencias (17,9%).

FALSOS MITOS

La presidenta del observatorio también quiso combatir otros mitos como que el maltratador tenga problemas de salud mental o adicciones, ya que según dijo, los delitos se cometen “con toda la frialdad”.

Al analizar los atenuantes, en las sentencias estudiadas hay “escasa incidencia”. Sólo el 5% contemplaron embriaguez y el 3,5% adicciones a alcohol o estupefacientes. Y sólo una sentencia tuvo en cuenta como eximente completa la alteración psíquica.

“El impago de pensiones también está siendo condenado como delito de violencia contra la mujer”, subrayó Carmona, que también destacó que en las sentencias condenatorias, tres de cada cuatro agresores acaban en la cárcel y que el estudio derroca "el falso mito" de las denuncias falsas. Sólo en dos de las sentencias analizadas se detectó falso testimonio de la mujer, que, según dijo, pudo deberse a que la víctima no quería hablar mal de su agresor.

En cuanto a los agravantes, en el 18% de las sentencias estuvo presente el parentesco, y el 9% correspondieron a reincidencias.

MEJORAS

A raíz de los resultados, el observatorio propuso una serie de mejoras para proteger a las víctimas. Además de la relativa a la acreditación de la intención de dominio, este organismo también considera que es necesario impulsar algunas mejoras: aplicar la libertad vigilada como medida cautelar; que se cuestione si están funcionando los sistemas de reeducación de los maltratadores (el 94% de los maltratadores que se reeducan no reinciden); que no se impongan penas de multa “porque perjudica la estabilidad económica de la víctima”, y que en el caso de los menores “no se justifica en ningún momento la agresión”.

“Han sido los grandes olvidados de la violencia de género. Los tribunales están empezando a proteger directamente a los niños respecto los maltratadores de sus madres”, agregó Carmona.