EEUU y Reino Unido echan ‘leña al fuego’ en Yemen con armas para Arabia Saudí, según Amnistía
- Este viernes se cumplirá un año de la guerra yemení
El texto se ha copiado correctamente en el portapapeles
Estados Unidos y Reino Unido deben poner fin a toda transferencia de armas a Arabia Saudí para evitar echar ‘leña al fuego’ en la guerra de Yemen, que el próximo viernes cumplirá un año con violaciones de derechos humanos que han tenido “consecuencias devastadoras para la población civil”, según afirmó este martes Amnistía Internacional (AI).
El conflicto en Yemen se acerca a su primer aniversario después de que una coalición internacional liderada por Arabia Saudí lanzara el 25 de marzo de 2015 los primeros bombardeos contra los rebeldes hutíes (chiíes aliados de Irán y partidarios del expresidente Ali Abdalá Saleh), en el marco de la llamada ‘Operación Tormenta Definitiva’.
AI indicó en un comunicado que, desde entonces, más de 3.000 civiles (entre ellos 700 menores) han muerto y al menos 2,5 millones de presonas se han visto obligadas a desplazarse de sus hogares, en tanto que al menos el 83% de la población de Yemen necesita ayuda humanitaria urgente.
“Transcurrido un año, la respuesta de la comunidad internacional al conflicto en Yemen ha sido profundamente cínica y absolutamente vergonzosa”, aseguró James Lynch, director adjunto para Oriente Medio y Norte de África de Amnistía Internacional.
Esta organización recalcó que todas las partes en el conflicto han cometido “violaciones generalizadas del derecho internacional de los derechos humanos y del derecho humanitario, incluidos posibles crímenes de guerra”.
Amnistía Internacional subrayó que Estados Unidos y Reino Unido (“con diferencia” los principales suministradores de Armas a Arabia Saudí), así como otros países, han seguido transfiriendo armas que se han utilizado para cometer y facilitar graves abusos, lo que ha generado en Yemen “una crisis humanitaria de una magnitud sin precedentes”.
“Los socios internacionales de Arabia Saudí han echado leña al fuego, al inundar la región de armas a pesar de los indicios cada vez más abundantes de que ese armamento ha facilitado la comisión de crímenes atroces y del riesgo evidente de que los nuevos suministros puedan utilizarse para cometer graves violaciones de derechos humanos. No sólo eso, sino que no han abierto una investigación internacional independiente sobre los abusos que han destrozado las vidas de miles de civiles”, apuntó Lynch.
EMBARGO DE ARMAS
Por otro lado, Lynch afirmó que “el flujo irresponsable e ilegítimo de armas a las partes beligerantes en Yemen ha contribuido directamente al sufrimiento de la población civil en una escala masiva”, con lo que “ha llegado la hora de que los líderes mundiales dejen de anteponer sus intereses económicos, y de que el Consejo de Seguridad de la ONU imponga un embargo total e integral sobre las transferencias de armas para uso en Yemen”.
Amnistía Internacional instó a todos los Estados a garantizar que no suministran a ninguna parte en el conflicto de Yemen armas, municiones, equipos militares o tecnología que puedan utilizar en la guerra, lo que se aplica también al apoyo logístico y económico.
“Toda autorización de transferencias de armas a cualquiera de las partes en el conflicto de Yemen debe incluir la garantía estricta y jurídicamente vinculante de que su uso será compatible con el derecho internacional humanitario y el derecho internacional de los derechos humanos, y de que dichas armas no se usarán en Yemen”, precisó.
ESPAÑA
Por otro lado, Amnistía Internacional destacó que, según datos oficiales, el Gobierno español autorizó en el primer semestre del año pasado la venta a Arabia Saudí de material de defensa por valor de más de 27 millones de euros, incluida munición por valor de 6,9 millones de euros, bombas torpedos y misiles por importe de 17,3 millones de euros, 645.00 euros en sistemas de dirección de tiro y aviones valorados en 2,2 millones.
Además, en ese periodo España exportó armas a Arabia Saudí por valor de más de 447 millones, incluidos dos aviones de reabastecimiento en vuelo, repuestos y asistencia técnica, munición, una estación de control remoto para armas y pistolas de uso deportivo para una empresa particular.
El pasado mes de enero, Amnistía Internacional, FundiPau, Greenpeace y Oxfam Intermón manifestaron su oposición a la inminente firma de un contrato entre Navantia y Arabia Saudí para la construcción de cinco corbetas para la armada saudí, por el “riesgo claro de que estos barcos de guerra se utilicen para cometer ataques militares directos a la población civil, ataques indiscriminados en Yemen o facilitar el mantenimiento del bloqueo naval al que somete a Yemen desde el 25 de marzo de 2015, cuando Arabia Saudí inició una devastadora campaña de bombardeos aéreos en Yemen en la que se han cometido graves violaciones del derecho internacional humanitario, incluidos crímenes de guerra”.
VIOLACIONES DE DERECHOS HUMANOS
Por otro lado, Lynch indicó que, durante el último año, “una constante de incesantes ataques aéreos de la coalición dirigida por Arabia Saudí, así como de ataques terrestres de las fuerzas hutíes y sus aliados o de fuerzas contrarias a los hutíes, han exhibido un escandaloso desprecio por la vida de la población civil y han violado de forma flagrante el derecho internacional humanitario”.
Desde que comenzó el conflicto, Amnistía Internacional ha documentado al menos 32 ataques aéreos en Yemen de la coalición dirigida por Arabia Saudí que parecen haber violado el derecho internacional humanitario. Los bombardeos mataron a 361 civiles, incluidos al menos 127 menores. También ha verificado ataques a hospitales, escuelas, mercados y mezquitas, que podrían constituir crímenes de guerra.
Además, Amnistía Internacional indicó que las fuerzas de la coalición también han usado de forma reiterada municiones de racimo, armas intrínsecamente indiscriminadas cuyo uso está prohibido, en ataques en los que han muerto o han quedado mutilados civiles, incluso en la capital, Saná.
Pero también ha investigado al menos 30 ataques terrestres indiscriminados o temerarios de fuerzas hutíes o leales a Saleh en las ciudades meridionales de Adén y Taiz, en los que murieron al menos 68 civiles, incluidos decenas de menores.
Estos grupos han usado a diario armas imprecisas como morteros en zonas residenciales, lo que viola el derecho internacional humanitario, y también han llevado a cabo detenciones, reclusiones arbitrarias y secuestros de supuestos opositores, entre ellos activistas y periodistas, y han dirigido una represión generalizada contra ONG y activistas de los derechos humanos en zonas bajo su control.
(SERVIMEDIA)
22 Mar 2016
MGR/gja/caa