Según explica Byrne en 'The Conversation', una publicación electrónica independiente elaborada por académicos e investigadores, las directivas y normativas de la Unión Europea han contribuido "a proteger de la discriminación a las personas con discapacidad" y, gracias a ello, servicios como "las telecomunicaciones, el transporte aéreo y marítimo, los automóviles, autobuses y los ascensores, entre otros, son hoy más accesibles". Asimismo, la construcción debe cumplir unos mínimos requisitos de accesibilidad y "los medicamentos, por ejemplo, incluyen etiquetados en braille", agrega.

El ‘brexit’ podría poner en riesgo esos logros, según esta experta. Como ejemplo de ello, Byrne pone la tarjeta europea de aparcamiento, que facilita el estacionamiento sin coste a las personas con discapacidad en los espacios reservados en los países miembros de la UE, tanto si son conductores como pasajeros. El Reino Unido está adherido desde el año 1998 a ella, pero si abandona la UE, los británicos con discapacidad podrían ver limitado ese avance para la movilidad fuera de su país.

Por otro lado, "las nuevas normativas adoptadas a nivel europeo en el futuro no beneficiarían, con toda probabilidad, a la población con discapacidad del Reino Unido", advierte la experta. La Comisión Europea tiene actualmente en proyecto medidas para estandarizar el acceso a los cajeros automáticos, servicios electrónicos de banca, máquinas expendedoras de entradas, comercio electrónico, 'e-books', smartphones y servicios de televisión digital, entre otros. "¿Se sumaría a estas medidas un Reino Unido que no formara parte de la UE?", se pregunta Byrne.

UN FUTURO INCIERTO

Recientemente, un informe de la Cámara Alta del parlamento británico concluyó que el Ejecutivo británico incumplía sus obligaciones con respecto a las personas con discapacidad. Desde taxis que rechazan llevar pasajeros que utilizan sillas de ruedas, a aseos adaptados para personas con discapacidad que se utilizan como trastero y, por tanto, no cumplen su finalidad, "son muchos los aspectos que aún precisan progresar en el país", subraya la profesora.

Aunque las directivas de la UE no garantizan al cien por cien la accesibilidad, "la Comisión Europea constituye un mecanismo de rendimiento de cuentas importante" y "sus normas actúan como una ‘brújula’ moral y legal en lo que se refiere a la inclusión de las personas con discapacidad", en opinión de esta experta.

Por otro lado, la UE proporciona millones de euros en fondos sociales para financiar una serie de programas para las personas con discapacidad, como prácticas laborales, ayudas para autónomos, para educación, formación y servicios locales para la autonomía, que en muchos casos prestan ONG, entre las que se incluyen organizaciones por y para las personas con discapacidad. Estos fondos han constituido "un salvavidas para las organizaciones de voluntariado en un momento en el que el Gobierno del Reino Unido ha recortado su inversión en ese ámbito", señala Byrne. Si su país abandonara la UE, esa financiación dejaría de estar disponible, advierte la experta.

Por todo ello, la profesora de Política Social de la Queen's University de Belfast concluye que el ‘brexit’ "alejaría a los británicos con discapacidad de los avances que puedan producirse en el resto de la Unión Europea".