En la citada iniciativa, a la que tuvo acceso Servimedia, se propone “establecer un marco normativo que regule el funcionamiento de las entidades tutelares privadas” de la Comunidad de Madrid y “revisar” la ley de creación de la Agencia Madrileña para la Tutela de Adultos (AMTA), para “adaptarla a la Convención Internacional de Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas de 13 de diciembre de 2016 y ratificada por España el 23 de noviembre de 2007”.

Ciudadanos pide en la iniciativa publicar las memorias de la AMTA con carácter anual y que éstas “cumplan con suficientes estándares de transparencia y rendición de cuentas de acuerdo a las mejores prácticas de entidades tutelares públicas y privadas”.

Otra de las propuestas de Ciudadanos es “reforzar las áreas social, jurídica y económica de la AMTA, mediante la puesta en marcha de las siguientes acciones: auditar externamente todas las rendiciones de cuentas anuales que se presentan al juzgado, incluidas las rendiciones finales y presentar las rendiciones de cuentas para conformidad de los propios tutelados, previamente a su presentación en el juzgado”.

Ciudadanos aspira, asimismo, a un “plan de mejora anual de los ratios de atención a tutelados por profesional, de acuerdo a las mejores prácticas de las entidades tutelares españolas”.

Otras de sus propuestas son "el refuerzo de la intervención-comunitaria, y especialmente en los equipos de calle; la creación de un servicio de guardia de 24 horas para atención a las urgencias de los tutelados y, de acuerdo a la vocación de complementariedad de la citada agencia, convocar anualmente subvenciones para la promoción y desarrollo de programas y actividades relacionados con la acción tutelar a favor de adultos incapacitados judicialmente o en proceso de incapacitación, que se lleven a cabo por instituciones sin fines de lucro radicadas en la Comunidad de Madrid”.

4.451 PERSONAS TUTELADAS

En la exposición de motivos de la citada iniciativa se expone que en la actualidad en la Comunidad de Madrid convive la AMTA (pública) con entidades tutelares privadas, "siendo la primera ampliamente mayoritaria por número de personas tuteladas", y se señala que “en los últimos años hemos asistido a un crecimiento espectacular de las incapacitaciones, por un lado, y del nombramiento de la AMTA como tutor por otro”.

Según Ciudadanos, el número de personas tuteladas por la citada agencia se ha doblado desde 2008, pasando de 2.295 a los 4.451 actuales. “Este considerable incremento nos debería hacer reflexionar si estamos haciendo lo correcto, ya que a la incapacitación por la AMTA le acompaña en muchos casos una institucionalización excesiva (aproximadamente tres de cada cuatro), y en esta reflexión deberíamos contar también con la participación de jueces y fiscales”, añaden los autores de la citada iniciativa.

Asimismo, se informa de que "la aprobación de la Convención Internacional de Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU en 2008, supuso un cambio de paradigma en la tutela de adultos que no se ha trasladado convenientemente a la legislación española y que no podemos ignorar".

“Dicha convención introdujo una nueva perspectiva en la consideración de la discapacidad, al conceptuarla como una dificultad no de la persona sino de su entorno, lo que le impediría desarrollar su vida en igualdad de condiciones que los demás”, recuerdan los autores de la citada iniciativa parlamentaria, en la que se indica que “se sustituyó el tradicional modelo médico-rehabilitador de discapacidad como carencia del individuo por un modelo social de diversidad que implica que las causas que originen la discapacidad no son individuales sino preponderantemente sociales, por lo que la discapacidad nunca puede ser la consecuencia directa de limitaciones individuales, sino más bien de las limitaciones de la sociedad para asegurar convenientemente que las necesidades de las personas con discapacidad sean tenidas en cuenta en la organización de la sociedad”.

Ciudadanos cree que “la Comunidad de Madrid ha de garantizar que la Agencia Madrileña para Tutela de Adultos disponga de los recursos precisos para el eficaz desarrollo de la función tan esencial que tiene encomendada”.

Respecto al desarrollo de las actividades de la AMTA, en la PNL se afirma que “durante años, la agencia ha sufrido serias dificultades presupuestarias y organizativas, que llevaron a que durante un tiempo prolongado no cumpliera con las obligaciones mínimas que establece el Código Civil respecto a la protección del patrimonio de los tutelados (inventario al inicio y rendiciones de cuentas año a año) y a que la atención social no se realizara de manera satisfactoria”.

“Es cierto que en los últimos tiempos se han producido mejoras, que esperamos se consoliden en el Plan Estratégico 2016-2021 aprobado recientemente, se ha incrementado el presupuesto de la Agencia merced al acuerdo de investidura con Ciudadanos, se han informatizado muchos de los procesos”.

Reyero indica en la iniciativa que “en la esfera de las entidades tutelares privadas no podemos dejar de mencionar el caso de la Fundación AFAL Futuro, cuya cúpula está siendo juzgada por supuesto apoderamiento del patrimonio de sus tutelados” y añade que “esta situación puso de manifiesto, entre otras muchas cosas, la escasa regulación de las entidades tutelares privadas y los problemas que la misma podía acarrear para las personas tuteladas”.