El ministerio público pide, asimismo, que se siente en el banquillo al Partido Popular como partícipe a título lucrativo, que según sus cálculos se habría beneficiado con la actuación del grupo en una cuantía de 204.198,64 euros.

Solicita la incoación de una pieza separada que se referiría a la actuación de un entramado personal creado y dirigido por Francisco Correa, que incorporaría sucesivamente distintos funcionarios y autoridades de dicho municipio a cambio de la correspondiente comisión.

El referido entramado habría llegado a dirigir en la práctica toda la contratación pública en el municipio de Boadilla del Monte, con independencia de que los funcionarios que lo integraban participaran directamente o no en cada uno de los expedientes, según informó hoy Anticorrupción.

Esa trama actuaba en el seno de la Empresa Municipal del Suelo y de la Vivienda (EMSV), entidad que controlaban de facto a través de sus sucesivos gerentes y a la que, consecuentemente, trasferían desde el Ayuntamiento la contratación de distintos servicios, consiguiendo de esta forma también eludir los controles, entre otros, de la oposición política y de la Intervención.

El entramado personal estaría integrado por Pablo Crespo Sabarís, de modo permanente desde el año 2002; José Galeote Rodríguez, durante al menos los años 2001 a 2003; Arturo González Panero y César Tomás Martín Morales, desde su creación, y Alfonso Bosch Tejedor, desde su nombramiento como gerente de la EMSV en 2003.

Ese grupo habría favorecido la contratación de la entidad SUFI SA, gestionada por Rafael Naranjo Anegón, con la colaboración de su hijo Gonzalo Naranjo Villalonga; sociedades relacionadas con Alfonso García-Pozuelo Asins; la mercantil UFC SA, gestionada por José Luis Ulibarri Comerzana; la entidad Tecnologñia de la Construcción SA (Teconsa), gestionada por José Luis Martínez Parra; la entidad Artas Consultoría SA, tras la que se ocultarían algunos de los miembros del grupo liderado por Francisco Correa, y las sociedades de eventos vinculadas a Francisco Correa.

Por estas y otras adjudicaciones que no han podido determinarse los integrantes del grupo habrían percibido comisiones que habrían ascendido, como mínimo, en el caso de Francisco Correa a 2.702.315,59 euros; en el de Pablo Crespo, a 593.000 euros; en el de José Galeote, a 557.609,9 euros; en el de Arturo González Panero, a 1.800.000 euros; en el de Tomás Martín Morales, a 1.327.235,5 euros, y en el de Alfonso Bosch, a 941.652 euros.

Una parte de los fondos percibidos por Tomás Martín Morales, Arturo González Panero y Pablo Crespo Sabarís se habría ocultado en cuentas abiertas en sucursales bancarias suizas abiertas a nombre de sociedades panameñas.

La cuenta que habría utilizado Pablo Crespo Sabarís, a nombre de Mall Business SA, se habría bloqueado por las autoridades suizas con un saldo de 1.557.227 euros (a junio de 2012).

Una de las cuentas utilizadas por Arturo González Panero, a nombre de la entidad Longridge International SA, fue bloqueada por las autoridades suizas con un saldo de 120.379,73 euros a fecha del 31 de diciembre de 2015.

Estos hecho habrían ocasionado un perjuicio al Ayuntamiento de Boadilla del Monte de al menos 4.072.000 euros por la adjudicación eventualmente irregular de una parcela a la entidad UFC y a la EMSV de un mínimo de 960.000 euros, por el canon dejado de abonar por la entidad Artas Consultoría SA y de 31.215 euros por el sobreprecio abonado con motivo de actos adjudicados a las empresas vinculadas a Francisco Correa y que estaría destinado al PP y a Alfonso Bosch.

Por esos hechos se ha solicitado se incoe procedimiento abreviado por delitos de asociación ilícita, de prevaricación, de fraude a las administraciones públicas, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos, falsedad en documento mercantil, cohecho, delito contra la Hacienda Pública y blanqueo de capitales.

Las personas a las que Anticorrupción quiere sentar en el banquillo son Francisco Correa, Pablo Crespo, José Luis Izquierdo, Isabel Jordán Goncet, José Galeote Rodríguez, Arturo González Panero, César Tomás Martín Morales, Alfonso Bosch Tejedo, Rafael Naranjo Anegón, Gonzalo Naranjo Villalonga, Alfonso García-Pozuelo Asins, José Luis Ulibarri Comerzana, José Luis Martínez Parra, Juan Carlos Rey Rico, Jacobo Gordon Levenfeld, Rafael Martínez Molinero, Antonio de Miguel Reyes, José Ramón Blanco Balín, Carlos Jorge Martínez Massa, Rodolfo Benigno Ruiz Cortizo, Javier Nombela Olmo, Juan Jesús Siguero Aguilar, María Carmen García Moreno, José Francisco Pastor de Luz, Javier del Valle Petersfeldt, Luis de Miguel Pérez y Alicia Vallejo López.

Por último, se ha solicitado el sobreseimiento provisional respecto de Amador López Acevedo, Rafael Balea Mayoral, Miriam Cabrera Gutiérrez, Virginio Rayo Marco, José Luis Gutiérrez Llorente, Elena Villarroya Samaniego y Belén Húmera Contreras.