Así lo pone de manifiesto el informe ‘Las transferencias intergeneracionales y el reto demográfico’, elaborado por Esade y difundido este jueves.

El estudio aplica la metodología de las Cuentas Nacionales de Transferencia (NTA, por sus siglas en inglés) para cuantificar cómo se distribuyen los impuestos pagados y las prestaciones públicas recibidas a lo largo del ciclo vital en España en 2024.

En base a ello, calcula que el saldo fiscal asignable por edad alcanza su máximo en torno a los 50 años, cuando se produce la máxima aportación neta y es de aproximadamente 11.000 euros anuales. Esta aportación se da la vuelta y se convierte en un déficit de unos 16.000 euros al llegar a los 70 años de edad, cuando el cese de la actividad laboral coincide con el inicio de la percepción de pensiones.

El 41% de la población española presenta un saldo fiscal neto positivo, es decir, paga más en impuestos de lo que recibe en prestaciones y servicios públicos, mientras que un 59% es receptora neta de prestaciones. Por edad, la proporción de aportadores netos sube al 68% en los adultos de 25 a 64 años y cae por debajo del 10% en los extremos del ciclo vital.

NO CUBREN EL GASTO

En términos agregados, los impuestos considerados no cubren el gasto público asignable por edad, de manera que el saldo fiscal asignable por edad fue negativo en 2024, situándose en torno a 30.213 millones de euros (1,9% del PIB), y para 2050 se proyecta que se eleve al 9,1%.

Un escenario de saldo migratorio nulo reduce la población a 44,1 millones en 2050 y genera un saldo fiscal negativo asignable por edad agregado del 8,5% del PIB. El escenario de saldo migratorio moderado, con una población de 54,6 millones, arroja un déficit asignable por edad del 6,8% del PIB y en el caso más optimista, de saldo alto, la población se elevaría a 59,4 millones y el déficit sería del 6,1% del PIB.

Esade concluye así que, si bien la inmigración “mejora sustancialmente el saldo fiscal asignable por edad”, el impacto entre el escenario de saldo moderado y de saldo alto es “acotado” y en cualquiera de los tres casos, el déficit fiscal por edad oscila entre un 6,1% y un 8,5% del PIB. Por tanto, “los resultados sugieren que la inmigración puede suavizar la transición demográfica, pero su contribución no es suficiente para evitar el debate sobre los ajustes propios al sistema de pensiones, destinados a sostener su equilibrio financiero”.

En este sentido, Esade propone elevar la participación laboral en edades avanzadas, ya que entre los 55 y los 64 años es cuando se producen mayores saldos fiscales positivos. Si España convergiera con Europa a tasas de empleo más elevadas entre los más mayores, la recaudación neta aumentaría en unos 14.000 millones de euros (0,9% del PIB).

CUENTA INDIVIDUAL CON COTIZACIONES

También propone introducir mecanismos que vinculen la edad efectiva de jubilación a la longevidad, con salvaguardas de salud, ocupación y trayectoria laboral, de manera que “los incrementos de longevidad se repartan, parcialmente, entre años adicionales de actividad laboral y años adicionales de jubilación”, lo que supone alargar la edad de jubilación.

Por último, plantea ir hacia un sistema público de cuentas nocionales de contribución definida. En este sistema, cada trabajador dispone de una cuenta individual en la que se registran sus cotizaciones a lo largo de toda la vida laboral, que se capitalizan a un tipo de interés nocional vinculado típicamente al crecimiento de la masa salarial o del PIB. En el momento de la jubilación, el capital nocional acumulado se convierte en una pensión vitalicia. El sistema sigue siendo público, contributivo y de reparto. Pone el ejemplo de Suecia, que lo adoptó en 1999, o Italia en 1995.

“Los responsables de política económica deberían incorporar la dimensión intergeneracional del gasto público en el diseño de las próximas reformas del sistema de protección social, antes de que el grueso de la presión demográfica se materialice”, recomienda Esade.