Esta son algunas de las principales conclusiones del informe ‘Movilidad en precario: radiografía de la pobreza en el transporte en Europa’, elaborado por Greenpeace y difundido este martes.

El estudio refleja la desigualdad en materia de transporte público que existe en Europa, ya que más de la mitad de la población en el 90% de los países europeos no lo utiliza con regularidad. “La falta de opciones viables excluye a muchas personas de servicios esenciales y reduce su bienestar. Los resultados para España dibujan un panorama preocupante: moverse en transporte público es todavía un privilegio fuera del alcance de quienes menos recursos tienen”, apunta Greenpeace.

Los datos en España sobre gasto en transporte reflejan “una profunda injusticia”, según Greenpeace, pues un 13,9% de los hogares con ingresos bajos o medios destina al transporte una proporción de su presupuesto que duplica la mediana nacional.

Además, un 15,2% de esa misma población gasta más de un 6% de su presupuesto total en moverse. “Esta situación hace a los hogares altamente vulnerables ante cualquier subida de precios de los combustibles derivada del contexto geopolítico”, indica Greenpeace.

PROPIEZA FORZOSA DEL COCHE

Por otro lado, el informe alude a la ‘propiedad forzosa del vehículo’, que afecta a una de cada 10 personas en España. Este indicador refleja la realidad de las familias que, a pesar de sufrir una situación de pobreza material y social, se ven obligadas a mantener un coche por falta de alternativas.

España supera en casi cuatro puntos la media europea, que está en un 6,4%. La dependencia del coche privado entre los sectores de la población con menos recursos aumentó más de un punto porcentual entre 2018 y 2024.

"Hay personas en España que renuncian a bienes y servicios básicos para poder pagarse un coche porque no tienen una garantía de transporte público adecuado para poder cubrir sus necesidades de movilidad cotidiana, como ir al trabajo o llevar a sus familiares al médico. Esto es una trampa para el bolsillo y el clima", señala Cristina Arjona, coordinadora de la campaña de movilidad de Greenpeace.

El informe señala que la pobreza en el transporte en España tiene un componente geográfico determinante. Mientras que en las ciudades solo un 3,3% de la población carece de transporte público por falta de oferta, frecuencia insuficiente u horarios inadecuados, esa cifra se dispara a un 14,9% en pueblos y periferias y alcanza un 26,9% en zonas rurales.

Más de una cuarta parte de la población rural no puede usar el transporte público porque no existe o no se adapta a su vida cotidiana. Esta brecha de disponibilidad es ocho veces mayor en el mundo rural que en los centros urbanos y empuja a millones de personas a depender del vehículo privado, a menudo de gasoil o gasolina, según Greenpeace.

El informe también pone de relieve el problema de la ‘pobreza de tiempo’: un 9,8% de la población activa -más de dos millones de personas en España- dedica más de una hora sólo de ida a llegar a su puesto de trabajo, por encima del promedio europeo (8,1%). Esto supone, para muchas familias, más de dos horas diarias en desplazamientos, con el coste en bienestar, conciliación y dinero que eso implica.

“El transporte público y sostenible no debería ser un lujo, sino un pilar básico del Estado de Bienestar. Es una herramienta clave para garantizar el acceso a los servicios esenciales, facilitar la movilidad cotidiana y reducir el impacto del cambio climático. Para ello, es preciso reforzar las conexiones de tren y autobús en áreas metropolitanas, entre pueblos y cabeceras de comarca, asegurando tarifas asequibles y horarios útiles para la vida real”, apunta Arjona.

BRECHA

El estudio también destaca una brecha de género y demográfica: las mujeres y las personas mayores se ven afectadas de manera desproporcionada por cuestiones de seguridad y de accesibilidad física, lo que a menudo convierte el transporte público en una opción inviable.

“La crisis climática y la crisis de movilidad son dos caras de la misma moneda. El dinero para financiar un transporte público digno existe: está en manos de quienes más contaminan. Necesitamos una fuerte alineación entre los objetivos climáticos y la inclusión social en nuestras políticas de transporte para garantizar que nadie se quede atrás", recalca Arjona.

Ante esta radiografía, Greenpeace reclama una “garantía de movilidad” con estándares vinculantes de frecuencia, cobertura, horarios y accesibilidad que asegure condiciones mínimas de transporte público en todo el territorio, incluidas las zonas rurales y las islas, y la extensión del Abono Único de Transporte (introducido en enero de 2026) que integre el transporte autonómico, urbano y rural.

Un Plan Social para el Clima con medidas e inversiones dirigidas a los hogares vulnerables, las microempresas vulnerables y los usuarios vulnerables del transporte; eliminar los descuentos fiscales generalistas a los carburantes, y financiar el transporte público mediante ‘fiscalidad justa’ son otras propuestas.