Según Juan Carlos Ramiro, director de Accesibilidad de Centac, la batalla a favor de la accesibilidad tecnológica necesita conjugar intereses como el beneficio económico con su beneficio social "para que no se quede nadie fuera".

"La Sociedad de la Información y la Comunicación evoluciona a un ritmo acelerado y hay que garantizar su usabilidad y accesibilidad a personas mayores y a usuarios con discapacidad física, sensorial, psíquica y cognitiva. La inversión pública es necesaria para incentivar el mercado y que esto obligue a las grandes empresas tecnológicas a contemplar criterios de accesibilidad y usabilidad en su fabricación y comercialización”, agregó.

Ramiro recordó que sectores sociales de mayores, personas con discapacidad o limitaciones “vienen reclamando variedad de ofertas de productos y servicios tecnológicos que sean capaces de usar”. Por ello, “las grandes empresas deben tomar conciencia y dar importancia a estos consumidores y clientes en potencia”.

En ese sentido, desde Centac consideran que para garantizar los derechos de todos los ciudadanos, la industria debe conjugar el beneficio económico con criterios sociales de forma que sean rentables y sostenibles.

Se evitaría así el elevado gasto público de las administraciones, que deben buscar “soluciones alternativas costosas para cumplir sus obligaciones legales con los ciudadanos”, precisó el director de Accesibilidad de Centac.

NORMATIVA EUROPEA

En lo que se refiere a legislación, Ramiro explicó que la Directiva 2014/24/UE de la Unión Europea establece criterios obligatorios con determinados principios de accesibilidad para acceder a toda contratación pública.

La norma técnica europea EN 304 549 sobre los ‘Requisitos de accesibilidad adecuados para la contratación pública de servicios y productos TIC en Europa’ establece criterios de accesibilidad en la contratación de productos, desde ordenadores, teléfonos móviles y sitios web destinados a las compras públicas.

Sin embargo, Ramiro señaló que existen “divergencias” en el cumplimiento y vigilancia de la norma. “Los sectores sociales prefieren una certificación externa” mientras que las empresas tecnológicas abogan por la “autocertificación en un marco legislativo de sanciones duro, ágil y eficaz”, puntualizó.