Durante una rueda de prensa, Lorente relacionó este incremento con “una posible minimización en la percepción del riesgo debida al debate sobre las denuncias falsas”, que podría haber afectado a la credibilidad y confianza de las mujeres a la hora acudir a la Justicia.

Prueba de ello es la reducción en el número de muertes con denuncia previa, que si en 2009 rondaba el 45%, en estos tres meses y medio de 2010 supone el 15,8% del total”.

Además, Lorente subrayó que “las tres únicas víctimas que denunciaron en 2010 habían conseguido órdenes de protección, lo que indica que los jueces habían percibido una situación de alto riesgo” y que “probablemente las víctimas no dieron el paso hasta que la situación de violencia fue muy grave”.

A su juicio, el mensaje sobre la falsedad de las denuncias disminuye la confianza en que van a ser creídas y apoyadas, “algo que también demuestra la reducción de llamadas al 016”.

El delegado del Gobierno criticó a “quienes desde los medios y las propias instituciones judiciales” cuestionan esta realidad “con datos fuera de contexto o mal interpretados”, como la asociación que preside el juez Serrano de Sevilla.

Lorente llamó también la atención sobre “la irregular concesión en los dispositivos GPS para el control de agresores”, que depende “de la interpretación personal del juez”.

Según el delegado del Gobierno, “de las más de 2.700 pulseras existentes solo se han activado 248”, cuando se estima que “las mujeres en situación de alto riesgo son cerca de 500”.

Por ello alegó que a veces el juez carece del conocimiento y de la información necesarias para dar este paso, e insistió en la necesidad de proseguir la labor de sensibilización ciudadana.

“En violencia de género no está todo hecho, y este repunte no tiene por qué convertirse en tendencia, pero hay que seguir trabajando”, concluyó Lorente.