“Queremos que el gobierno de los jueces tenga mayoría de jueces y magistrados y no mayoría de políticos, que es lo que hemos tenido en estos últimos 30 años”, defendió.

Así lo expresó en rueda de prensa en el Congreso de los Diputados, después de que su partido registrase esta mañana una proposición no de ley para debatir la elección de los 12 vocales del Consejo General del Poder Judicial, para su debate en la Comisión de Justicia, algo que se recogía en su acuerdo de investidura con el PP.

Con esta proposición, C’s insta a “impulsar, desde el necesario consenso parlamentario, la reforma del régimen de elección de los vocales del Consejo General del Poder Judicial para que los 12 de procedencia judicial sean elegidos directamente por los jueces y magistrados”.

En este punto, Rivera aclaró que los vocales tienen que ser elegidos por los jueces y magistrados, pero dijo no referirse a las “asociaciones de jueces”. “La PNL defiende que los jueces sean escogidos directamente por los jueces y magistrados”, explicó el líder de la formación naranja.

Ciudadanos defiende en esta propuesta que “la independencia judicial es un pilar esencial del Estado de Derecho y, a tales efectos, debe salvaguardarse la autonomía del órgano de gobierno de los jueces y magistrados, siendo uno de los aspectos más relevantes el procedimiento para la elección de sus miembros”.

CORRUPCIÓN Y TRANSPARENCIA

Además, Rivera expuso los pilares principales de la proposición de ley integral por la transparencia y la corrupción que defiende su partido y que transmitió esta mañana a las diferentes asociaciones de la sociedad civil con las que se reunió en el Congreso.

Rivera destacó la importancia de “proteger a los denunciantes”, porque son “nuestros héroes y no nuestros enemigos”, y también mencionó que su propuesta recoge la creación “de una autoridad independiente a la autoridad pública” para “separar Gobierno de Administración”.

En esta línea, recalcó que también se contempla el cese de los cargos electos encausados judicialmente por cualquier delito y que tampoco puedan ser incluidos en ninguna lista electoral y una modificación del Código Penal para tipificar el delito de enriquecimiento ilícito.

Asimismo, en su ley integral por la transparencia se cita que hay que acabar con los indultos por corrupción política y eliminar los plazos máximos en la instrucción penal, así como establecer garantías para la reclamación de la responsabilidad patrimonial de las autoridades públicas.

También se refirió a la necesidad de impulsar medidas para garantizar la independencia de los funcionarios de la Administración local.