Tras los intentos infructuosos de llegar a un acuerdo con la Fiscalía antes del inicio del juicio, la defensa de Correa quiere dejar patente su deseo de colaborar para rebajar las penas. Para ello, reconocerá los delitos que se le imputan a sus empresas, más en concreto, el pago de comisiones y mordidas o la elaboración de facturas falsas, pero evitando cargar contra sus antiguos colaboradores en el PP.

El letrado de Correa asume que no va a ser absuelto de los delitos que se le imputan en los ocho juicios a los que se someterá por la `trama Gürtel´ y en los que le piden más de 300 años de prisión. Buscará, por tanto, la aplicación de atenuantes tales como la reparación del daño, que ya ha explicitado con la autorización para que se repatríen 2,2 millones de euros de su cuenta en Suiza para hacer frente a su responsabilidad civil.

Otro de los elementos que manejará en su defensa será, previsiblemente, el reconocimiento de los delitos que se le imputan y la petición de una reducción de penas por dilaciones indebidas en una investigación que se ha prolongado por espacio de siete años y medio y que le tuvo en prisión preventiva durante cuatro.

125 AÑOS

La Fiscalía Anticorrupción pide para Correa 125 años de cárcel. La voluntad de colaborar con la justicia de Correa se explicitará este jueves. Hasta ahora ha dado señales de buena voluntad. En el escrito que presentó en la Audiencia Nacional una semana antes del juicio expresaba ya su “voluntad de proceder a la completa reparación del daño” causado a las administraciones públicas.

Francisco Correa no planteó ninguna nulidad de actuaciones en las cuestiones previas del juicio y autorizó el pago de 2,2 millones de euros desde su cuenta en Suiza para satisfacer las responsabilidades civiles que se pudieran derivar del proceso judicial.

Tampoco se sumó a la recusación planteada por el que fuera su número dos en la trama, Pablo Crespo, contra el magistrado José Ricardo de Prada y más tarde secundada por el extesorero del PP Luís Bárcenas y varias defensas más.

El pasado mes de enero de 2015 la Fiscalía Anticorrupción presentó su escrito de conclusiones de 512 páginas en que reclamaba 125 años y un mes de prisión y una multa de 15,5 millones de euros para el líder de la trama Gürtel.

Las fiscales Concepción Sabadell y Concepción Nicolás diseccionaban en su escrito el funcionamiento de la red de tráfico de influencias de Correa, al que acusan de utilizar su “estrecha relación” con algunos miembros clave del PP para “apropiarse de fondos públicos”.

Correa y Crespo crearon un procedimiento de facturas falsas con una triple finalidad: generar una `caja b´ para sobornar a cargos públicos, eludir impuestos y encubrir la propiedad y el origen de los fondos conseguidos.

Para camuflar el dinero obtenido tras sobornar a los responsables públicos, la red de Correa dirigía estos fondos hacia las sociedades que constituían la tapadera legal de la trama.

Correa creó una serie de empresas de organización de eventos, publicidad y agencias de viaje que tuvo como principal cliente al Partido Popular durante la época en que lo presidió José María Aznar. Su entramado empresarial tenía múltiples contactos con entidades opacas situadas en paraísos fiscales.

Las empresas de Correa organizaron 386 actos propagandísticos para el PP tras acudir a concursos que se adjudicaron de forma “directa y arbitraria”, fraccionando el importe de las facturas y dejando al cabecilla de la red unos beneficios de 2,6 millones de euros. Esos contratos de asignaron principalmente a través de Alberto López Viejo, exconsejero de Deportes y viceconsejero de Presidencia en la Comunidad de Madrid durante el mandato de Esperanza Aguirre.