El tercer teniente de alcalde, Mauricio Valiente, aseguró en la Comisión de Participación Ciudadana y Gobierno Abierto antes de votar esta iniciativa que “ayudará en la recuperación de la confianza de los ciudadanos hacia las instituciones”, ya que supone un mecanismo que, a su juicio, fortalecerá “la ética en la función pública”.

Su director será elegido por “una mayoría cualificada” del Pleno municipal y tendrá competencias para investigar el trabajo de cualquier empleado público. Además, los funcionarios podrán realizar denuncias anónimas para que el organismo anticorrupción inicie las pesquisas necesarias.

Por su parte, la portavoz del grupo municipal del PSOE, Purificación Causapié, recordó que el impulso de esta oficina “no sustituye a ningún órgano administrativo ni judicial”. Asimismo, explicó que “defiende a los funcionarios”, ya que son muchos de ellos “los que destapan los casos de corrupción” y ahora “se les da una herramienta” para que denuncien y se investigue.

Ciudadanos fue la voz más crítica en relación a este reglamento y señaló que atenta “contra el derecho a la intimidad de los funcionarios”, así como que parte de que estos trabajadores “son personas corruptas”. Según aseguró su concejala Silvia Saavedra, los técnicos antifraude “pueden entrar con la patada en la puerta” a las oficinas de los funcionarios.

Percival Manglano, edil del PP, coincidió con la formación naranja en que es un “arma política”, al tiempo que alertó del peligro de que su director dependa del Pleno. Asimismo, entiende que se basa en un modelo que “pervierte la lucha contra la corrupción”, que crea un “sheriff al que se le dan competencias para interrogar” a los empleados públicos.

El Ayuntamiento asegura que en la elaboración de este borrador de reglamento ha sido compartido con diferentes “agentes sociales”, incluidos sindicatos, aunque algunos como CSIF ya criticaron el impulso de esta institución. Por el momento, el próximo trámite será la aprobación de este reglamento en el Pleno de la semana que viene.