El juez también ha dictado auto de transformación en procedimiento abreviado para el que fuera alcalde de Cartagena (Murcia) José Antonio Alonso Conesa y para el antiguo interventor de la Diputación de León, Manuel Jesús López Sánchez. Resultan también procesadas las empresas de Alejandro de Pedro Eico On Line y Madiva Editorial y Publicidad S.L., dedicadas a mejorar la reputación 'online' de instituciones y políticos.

Velasco ha tomado esta decisión al entender que existen indicios racionales de que todos ellos pudieron cometer delitos de fraude, tráfico de influencias, negociaciones prohibidas a funcionarios públicos, cohecho, revelación de información reservada, prevaricación continuada y malversación de caudales públicos.

El magistrado, que troceo la investigación sobre la trama en 12 piezas separdas, da 10 días a la Fiscalía y a la acusación popular para que presenten sus escritos de acusación,

La resolución del juez sitúa los hechos en la Diputación de León, en 2014, y señala a las empresas de Alejandro de Pedro, Eico y Madiva, que llevaban años realizando trabajos de reputación en internet para autoridades y cargos electos. El magistrado describe la relación entre los cargos públicos y los empresarios investigados, de la que todos sacaban beneficios personales.

MEJORAR LA IMAGEN

En el caso del expresidente de la Diputación de León, el magistrado indica que se puso en manos de Alejandro de Pedro para conseguir su objetivo de consolidarse en el cargo. Las empresas de Alejandro de Pedro y sus diarios digitales, sin actividad periodística real, creaban noticias favorables al político para posicionarle en la red, mejorando su reputación 'online'.

Además, De Pedro se prestaba “a trasladar a personas notorias e influyentes del Partido Popular” informaciones favorables con el fin de conseguir que Martin Marcos Martínez continuara como presidente del Partido Popular en la provincia de León. A cambio, señala el juez, los empresarios que le prestaban esos servicios recibían adjudicación directa de este tipo de trabajos.

Esta forma de proceder, señala Velasco en su auto, se prestaba solamente para los fines personales de Martín Marcos, “ alejados del bien común, con el correlativo perjuicio para las arcas públicas” , con trabajos que se encargaban que no tenían relación con los fines para los que etaban previstos los medios de la Diputación.

El juez cifra en 90.000 euros, los fondos públicos que recibieron de forma irregular las empresas de Alejandro de Pedro: “Instrumentalizando una secuencia continuada de resoluciones ejecutivas, decisorias y arbitrarias, por las que mes tras mes, entre enero de 2012 y septiembre de 2014, se aprobó un gasto indebido, sin formalizarse ni aprobarse ningún tipo de contrato o procedimiento negociado de respaldo, fraccionando con intención no dejar rastro irregular durante meses”.

Otra de las operaciones investigadas en esta pieza se centra en todas las gestiones realizadas por los investigados para adjudicar los contratos públicos vinculados a la estación invernal de San Isidro (León) a las empresas de Alejandro de Pedro.

El magistrado describe la forma de proceder de los cargos públicos investigados, en especial el expresidente Martín Marcos, así como del interventor Manuel Jesús López Sánchez, quienes, según el juez, tenían intereses personales para beneficiar a las empresas de Alejandro de Pedro en los concursos vinculados a la mencionada estación de ski, según se desprende las conversaciones telefónicas intervenidas.