Según informa la Asociación El Defensor del Paciente, el niño, que nació el 23 de mayo de 1997, fue examinado a los tres meses de edad por el Servicio de Neurología del Hospital Ramón y Cajal, ya que presentaba episodios de caída de cabeza, mirada fija sin parpadeo y aproximación de las extremidades. Dichos episodios llegaban a repetirse, en descargas de ocho a diez seguidas, durante dos o tres veces diarias.

El pequeño fue tratado con "Topiramato" durante 50 días sin que las crisis desaparecieran, y posteriormente con múltiples fármacos que tampoco frenaron el problema. Los médicos concluyeron en el año 2000 que la epilepsia que padecía el niño era fármacoresistente, pero en marzo de 2003 continuaron con el tratamiento farmacológico.

Tras solicitar los padres un tratamiento quirúrgico de forma reiterada para la enfermedad de su hijo, los distintos hospitales públicos a los que acudieron (Ramón y Cajal, Niño Jesús y La Paz) insistieron en continuar con un tratamiento farmacológico que no daba resultado y agravaba cada día la calidad de vida del niño, según El Defensor del Paciente.

Finalmente, el 11 de junio de 2003, los padres decidieron acudir a una clínica privada, cuyos facultativos operaron al pequeño con resultados satisfactorios.

La sentencia del Supremo entiende que la sanidad pública debía haber considerado dicha intervención como máximo en el último trimestre del año 2001 y haber informado a la familia de ello, cosa que no se hizo.

"La omisión o inactividad de la Administración sanitaria, consistente en no tomar en consideración la alternativa al tratamiento quirúrgico y no informar de ella a los padres, es causa de esa agravación … lo único lógico es que la posibilidad de intervención detectada por aquella clínica privada la hubiera detectado la sanidad pública", asegura el fallo judicial.