Durante la defensa de la moción, la senadora de Unidos Podemos María Pilar Lima dijo que España no cuenta con un censo oficial que recoja el número de personas sordociegas, por lo que “estas personas no tienen garantizado el derecho fundamental a la movilidad, el acceso a la información y la autonomía personal a través de mecanismos adaptados a su necesidad”.

La senadora agregó que “las personas con sordoceguera deben recibir por igual las mismas atenciones y disponer de intérpretes o mediadores, así como de ayudas técnicas, logopedia y demás servicios específicos. Aunque no exista un censo, podemos hablar de 238.000 personas sordociegas”.

A este respecto, la senadora María Perla Borao, del Grupo Parlamentario Socialista, manifestó que “es necesario llevar a cabo un plan estratégico nacional de detección y atención integral a las personas sordociegas para desarrollar todos los derechos de estas personas”.

A favor de la moción también se mostró la senadora del Grupo Popular Paloma Inés Sanz, quien subrayó la necesidad de tener un registro oficial en España. Además, añadió, “hay que reconocer la sordoceguera como discapacidad única acorde a sus características propias, conforme a la declaración del Parlamento Europeo sobre los derechos de estas personas”.