La primera protagonista en este duelo será la comisaria de Transportes de la Comisión Europea, la eslovena Violeta Bulc, que desembarcará mañana, lunes, en Madrid para reunirse con el ministro De la Serna, participar en un acto junto al titular de Fomento en el Círculo de Bellas Artes de Madrid y comparecer en el Congreso de los Diputados el martes.

Es precisamente el apoyo de Bruselas al decreto aprobado por el Gobierno el pasado 24 de febrero uno de los principales argumentos esgrimidos por Fomento para pedir el apoyo de los grupos de la oposición a esta normativa, ya que su aprobación permitiría la anulación de los 22 millones de multa que lleva acumulados España y que podrían incrementarse a razón de 134.000 euros diarios si hubiera una nueva sentencia condenatoria.

Con la comisaria ya de vuelta en Bruselas, el miércoles el ministro de Fomento deberá dar explicaciones en la Cámara Baja durante la Sesión de Control al Gobierno en el Pleno, ya que ha sido interpelado sobre este asunto por Podemos.

Sin embargo, el plato fuerte está previsto para el jueves, cuando según el orden del día del Congreso, el Gobierno someterá a votación la convalidación del decreto sin la más mínima garantía de lograr su aprobación, aunque, según reveló el portavoz, Íñigo Méndez de Vigo, no descarta aplazar dicha votación.

De hecho, el Ejecutivo, que espera que se produzca un acuerdo entre los sindicatos y la patronal Anesco en la negociación que llevan a cabo con la mediación de Marcos Peña para que algunos grupos parlamentarios puedan ver con mejores ojos el decreto, podría retrasar su convalidación incluso dos semanas.

Sin embargo, fuentes gubernamentales consultadas por Servimedia, explicaron que pese a que se pueda demorar el debate, el Ejecutivo tiene claro que no va a aceptar cambios en el decreto, por lo que está cerrada la puerta a su tramitación como proyecto de ley para que pueda incorporar los posibles acuerdos entre patronal y sindicatos.

Por ello, a fecha de hoy, el Ejecutivo se expone a que el decreto no sea convalidado, algo que solo ha ocurrido en otras dos ocasiones bajo el marco de la actual Constitución, la primera de ellas en 1979 y la segunda durante la primera legislatura de José Luis Rodríguez Zapatero, aunque en ese caso se trató de un error de voto que posteriormente se subsanó aprobando de nuevo el decreto.

Como consecuencia de la decisión de que se debata ese día el decreto y de la posibilidad de que sea rechazado ante la aparente falta de apoyos del Gobierno, los sindicatos decidieron aplazar el inicio de las huelgas convocadas hasta el viernes posterior, el 10 de marzo. Estos paros, que están programados en horas y días alternos, se mantendrían durante las dos semanas posteriores si se convalida finalmente el decreto.

NEGOCIACIÓN A LA ESPERA

En cuanto a la negociación, tras la reunión mantenida el pasado martes, todavía no se ha fijado fecha para un nuevo encuentro. Según los sindicatos, dicha espera se explica porque la patronal sigue sin presentar el estudio en el que se determine el número exacto de trabajadores que podrán ser subrogados.

Por su parte, Anesco ha pedido al Ministerio de Empleo y Seguridad Social que articule ayudas económicas para reformar el sector y para garantizar todos los puestos de trabajo, además de los 350 millones de euros que aportarán las autoridades portuarias para asumir los derechos de antigüedad de los más de 6.000 estibadores actuales.

Por si la situación no fuera suficientemente compleja, la Plataforma de Inversores en Puertos Españoles (PIPE) ha advertido de que la subrogación de los trabajadores de la estiba en las empresas concesionarias es una medida que puede traer graves perjuicios para esas empresas y para la competitividad de la economía española.