El estudio pretendía conocer la incidencia de los problemas de salud que afectan a las personas trabajadoras de los sectores sanitarios y sociosanitarios y su enorme impacto, ya que a fecha de hoy continúan presentando síntomas tras haber padecido covid-19. También buscaba obtener una aproximación de la percepción subjetiva del estado de salud de los participantes y qué tipo de problemas físicos, psicosociales y mentales quedan como secuela a medio y largo plazo.

Los resultados indicaron que el 93% de los encuestados había padecido covid-19. De ellos, el 13% precisó ingreso hospitalario y el 3% en UCI. El 90% cursó baja laboral por incapacidad temporal (IT). De las IT, en el 37% de los casos fueron de menos de un mes; en el 31%, de uno a seis meses; en el 9%, de seis a 12 meses; y en un 24%, de más de 12 meses.

Además, una de cada tres personas necesitó posteriormente un nuevo periodo de baja por IT. De estos casos, el 31% se consideró recaída y un 69% requirió una nueva incapacidad temporal que fue considerada como una nueva IT, a pesar de tener la misma etiología.

Los principales síntomas son un 74% por fatiga; un 62% dolor articular; un 61% niebla mental ; un 58% problemas de memoria ; y un 38% dificultad para respirar.

A su vez, el 58% percibe limitaciones o secuelas como incapacidad para realizar sus labores habituales dificultades respiratorias; graves dificultades de concentración; alteraciones en la deambulación; pérdida del olfato; ausencia de gusto para saborear comidas; imposibilidad de realizar ejercicio físico; insomnio o alteraciones visuales.

Según CCOO, cada vez hay evidencias más sólidas de que la pandemia tiene un efecto negativo sobre la salud psicosocial de la población en general y que ha tenido importantes repercusiones en la salud de los trabajadores de estos sectores en particular.

Por ello, el sindicato instó a las Administraciones públicas a ofrecer respuestas adecuadas y específicas para estos colectivos de profesionales, y propuso, entre otras medidas, unidades de tratamiento específico en la sanidad pública y, por supuesto, el reconocimiento de las bajas e incapacidades laborales.