La portavoz del CGPJ, Gabriela Bravo, explicó hoy en rueda de prensa que los vocales de la Comisión Permanente decidieron admitir a trámite la solicitud de Garzón pero acordaron además, antes de tomar una decisión definitiva, pedir varios informes para dilucidar la pertinencia de conceder el permiso de servicios especiales al hasta ahora titular del Juzgado de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional.

Por un lado, el Consejo requerirá a la Fiscalía del Tribunal Penal Internacional para que, a la mayor brevedad, detalle el contenido de la invitación a Garzón y para que explique cuáles serán las funciones del juez durante su estancia en La Haya, fijada en un principio en siete meses.

Por otro lado, los vocales de la Comisión Permanente, encabezados por el presidente del CGPJ, Carlos Dívar, decidieron pedir a los servicios jurídicos del departamento de Miguel Ángel Moratinos un informe en el que se determine si el trabajo solicitado por Garzón –asesor externo de la Fiscalía del Tribunal Penal Internacional- forma parte del catálogo de puestos internacionales que encajan dentro del permiso de servicios especiales.

Esta figura permite a los magistrados trabajar en un puesto no jurisdiccional sin perder su destino. El artículo 351, apartado B, de la Ley Orgánica del Poder Judicial establece la concesión de permisos de servicios especiales para aquellos jueces que quieran “realizar una misión internacional por período determinado, superior a seis meses, en organismos internacionales, gobiernos o entidades públicas extranjeras o en programas de cooperación internacional”, pero siempre “previa declaración de interés por el Ministerio de Asuntos Exteriores”.

La Comisión Permanente decidió además solicitar al Servicio de Personal Judicial del propio CGPJ un informe complementario en el que se determine también si el puesto solicitado por Garzón reúne los requisitos necesarios para la concesión de un permiso de servicios especiales. Por último, los vocales decidieron solicitar al Servicio de Inspección del CGPJ un informe sobre la situación de las causas tramitadas en el juzgado de Garzón.

PLENO EXTRAORDINARIO

A pesar de estas gestiones, la decisión del Tribunal Supremo de dictar apertura de juicio oral contra Garzón para sentarle en el banquillo de los acusados por su investigación de los crímenes del franquismo podría llegar a truncar sus planes de trasladarse al Tribunal Penal Internacional.

El CGPJ decidió hoy convocar un pleno extraordinario para este mismo viernes en el que el único punto del día será la suspensión cautelar del juez de la Audiencia Nacional.

Fue el presidente Carlos Dívar quien decidió convocar el pleno extraordinario para este viernes después de que se lo solicitasen un total de siete vocales, según explicó la portavoz del órgano, Gabriela Bravo.

Las fuentes consultadas señalaron que si el Consejo decreta su suspensión cautelar, el juez no podría ya acogerse al permiso de servicios especiales para trasladarse a La Haya, ya que esta figura sólo se aplica “a los jueces que se encuentran en activo”.

TRABAJO EN LA HAYA

Garzón solicitó el permiso para poder trasladarse al Tribunal Penal Internacional después de que el fiscal de este órgano, el argentino Luis Moreno Ocampo, le invitara a través de una carta enviada el pasado 6 de mayo a trabajar como asesor de su departamento.

En concreto, Ocampo ha invitado a Garzón a trabajar como consultor externo de la oficina del fiscal del Tribunal Penal Internacional por un periodo inicial de siete meses. El fiscal ha valorado la experiencia de Garzón en la investigación de crímenes organizados y crímenes masivos y quiere que el juez asesore a la Fiscalía para mejorar las técnicas de investigación.

De prosperar la solicitud, Garzón trabajaría en La Haya aunque eventualmente podría desplazarse a Congo, Uganda o Colombia, países que están siendo investigados por el Tribunal Penal Internacional.

El Tribunal Penal Internacional se aprobó en 1998 y entró en vigor el 2 de julio de 2002, cuando su tratado fundacional fue ratificado por los 60 países adheridos. Está compuesta por 18 jueces, especialistas en derecho internacional o penal, además de por el fiscal Ocampo.