Según informó el Ministerio de Asuntos Exteriores, el Ejecutivo trasladó sus “más sentidas condolencias” a los familiares de las víctimas y deseó el “rápido” restablecimiento de los heridos.

El Gobierno subrayó la obligación de protección de la población civil que impone el derecho internacional humanitario y mostró su confianza en que los responsables del atentado respondan por sus crímenes ante la justicia.

A su vez, reafirmó la necesidad de alcanzar “lo antes posible” una solución negociada al conflicto en Siria en consonancia con lo establecido en el comunicado de Ginebra de 2012 y en la resolución 2254/2015 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas como “única vía para alcanzar una paz duradera, poner fin al sufrimiento de la población y luchar eficazmente contra el terrorismo”.

Al menos 120 personas, entre ellos 68 niños, perdieron la vida y decenas más resultaron heridas el pasado sábado en las proximidades de Alepo cuando un coche bomba explotó junto a los convoyes que se encargaban de evacuar a los civiles cercados en ese lugar según lo pactado por el régimen y los rebeldes sirios.