Garrido señaló que este plan, que se elabora por primera vez, en línea con la nueva legislación estatal sobre procedimiento administrativo común, supone un "impulso a la hora de reforzar la seguridad jurídica, la participación ciudadana y la revisión del ordenamiento jurídico en la Comunidad de Madrid".

Este plan anual, coordinado por la Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno, incluye las iniciativas legales o reglamentarias que se aprobarán en el siguiente ejercicio, según Garrido, quien añadió que debe ser aprobado en Consejo de Gobierno antes del 30 de abril del año inmediatamente anterior.

Respecto a los once proyectos de ley, dijo que están relacionados con responsabilidad medioambiental, ayudas financiadas con fondos agrícolas europeos, salud pública, ordenación farmacéutica, la autoridad del personal sanitario, la investigación científica e innovación, el plan de estadística, las cooperativas, los presupuestos de la región o los archivos y documentos de la Comunidad de Madrid.

Señaló que el citado plan también prevé la aprobación de 66 normas reglamentarias, vía decreto, sobre distintas materias, entre ellas el procedimiento para reconocer la situación de dependencia y el derecho a las prestaciones, la regulación de los centros de servicios sociales, de los puntos de encuentro familiar, el reglamento de adopciones y acogimiento, el reglamento de los servicios de transporte público urbano en automóviles de turismo, de las viviendas con protección pública o la regulación de la sanidad mortuoria o del procedimiento de creación y reconocimiento de universidades.

Garrido manifestó que cualquier propuesta normativa que no esté recogida en el citado plan y se eleve a Consejo de Gobierno en 2018 deberá incluir una justificación de este hecho, en la correspondiente memoria de análisis de impacto normativo.

Además, indicó que el plan también identifica 16 normas que deberán someterse a un análisis sobre los resultados de su aplicación, de manera que se pueda constatar la eficacia de la norma aprobada, es decir, si ha conseguido los fines propuestos; y su eficiencia, identificando cargas administrativas que podrían evitarse y la sostenibilidad de la disposición.

A su juicio, la aprobación de este plan "facilitará la participación de ciudadanos y empresas en los procedimientos de consulta pública previos a la elaboración de las normas, así como en los trámites de audiencia e información pública posteriores".