En concreto, el ministro de Justicia, Rafael Catalá, y su homóloga ecuatoriana, Ledy Zúñiga, ratificaron este miércoles en Madrid un “memorando de entendimiento” entre ambos países.

Así, España y Ecuador se comprometen a intercambiar experiencias y buenas prácticas en distintas materias como la prevención del delito en todas sus manifestaciones; las políticas públicas sobre Administración de Justicia y su modernización a través de las tecnologías de la información y las comunicaciones; y la cooperación jurídica en temas como el traslado de personas condenadas.

El departamento que dirige Catalá resaltó que, en la actualidad, las relaciones entre España y Ecuador en el ámbito de la cooperación jurídica internacional se desarrollan sobre la base de diversos tratados bilaterales en materias como la extradición o el traslado de personas condenadas. Esto se hace aun cuando no existe dicho tratado en cuestiones referentes al auxilio judicial, tanto de orden penal como civil, donde las solicitudes se tramitan según el principio de reciprocidad.

TAMBIÉN EXTRADICIONES

En materia de extradición, al amparo del vigente Convenio de Extradición de 1989 entre ambos países, se han solicitado desde enero de 2012 hasta la fecha un total de 17 extradiciones desde nuestro país a Ecuador. Por el contrario, Ecuador ha cursado a España un total de 10 solicitudes en el mismo periodo.

El traslado de personas condenadas entre España y Ecuador se rige por el convenio bilateral firmado en agosto de 1995. En este momento hay 781 ciudadanos ecuatorianos en los centros penitenciarios españoles, de los que solamente 16 han cursado solicitud de traslado a su país. En cuanto a españoles, hay 25 presos en cárceles de Ecuador, habiéndose tramitado desde el año 2012 un total de 108 solicitudes de traslado a España.

Durante los últimos cinco años, se han tramitado entre ambos países un total de 274 comisiones rogatorias en el ámbito penal, de las que 191 han partido desde España y las restantes 83 tienen su origen en Ecuador. En materia civil, se han tramitado durante ese mismo periodo un total de 505 comisiones rogatorias, de las que la mayoría han partido desde territorio español.