En declaraciones a los periodistas tras el registro, Toxo explicó que se proponen cambios tanto el artículo 315.3 como el 172 del Código Penal, sobre el delito de coacciones, de manera que se despenalice el ejercicio del derecho de huelga.

En los últimos años, denunció, se ha producido “el encausamiento o la apertura de expedientes a cerca de 300 sindicalistas por el simple hecho de participar en huelgas o en piquetes informativos”.

Este tipo penal, señaló el secretario general de CCOO, es “abusivo” y “restringe muy seriamente un derecho fundamental a proteger y que, en muchos casos, ha tenido repercusiones en formas de peticiones” de hasta ocho años de presión.

Toxo expuso que ya cuenta con la “disposición favorables” del PSOE, Unidos Podemos, ERC, PDECat y Compromís, y se mostró confiado en que se sumen otros grupos y se “consiga una mayoría suficiente”.

En este sentido, Álvarez consideró que el resto de grupos que aún no se han manifestados “deberían de verlo desde una perspectiva de libertad y de garantizar los derechos de los ciudadanos”.

El secretario general de UGT señaló que se trata de un texto con una propuesta que tiene como objetivo que “no haya ninguna posibilidad” de que sindicalistas “por el simple hecho de ayudar a que otros puedan participar en una huelga se vean a las puertas de los juzgados”. Álvarez defendió que quieren “garantizar la libertad de huelga y manifestación”, además de “restaurar derechos que se nos han quitado últimamente”.

NO CRIMINALIZAR LA HUELGA

Para los sindicatos, es "imprescindible" una adecuación legislativa que permita "suprimir sin más cualquier criminalización del derecho de huelga, que está siendo duramente cuestionado en España de diversas maneras".

De esta manera, en su propuesta reclaman la derogación total de estos artículos y el apoyo de todos los grupos políticos a la propuesta. "Esta cuestión no sólo afecta a los sindicatos, sino a todos los trabajadores y al conjunto de la ciudadanía. La sociedad tiene que tener claro que éste es un atentado contra su libertad y sus derechos y su capacidad de reivindicar y defender sus intereses", apuntan.