El recurso destaca que el blindaje "entra en contradicción con la Constitución Española, quebranta el principio de unidad de la nación española, es discriminatorio para los ciudadanos de las comunidades limítrofes y supone conceder poder legislativo a instituciones que no les corresponde".

La reforma introducida por la Ley 1/2010 "desnaturaliza la esencia de la justicia constitucional y las funciones del Tribunal Constitucional, convirtiéndolo en un tribunal ordinario", afirman.