De las 309 denuncias que recibió esta organización en 2016, 82 tuvieron como 'acusado' alguna Administración o institución pública, lo que supone un 26% del total, un punto más que el año pasado.

Según explicó el secretario general de la federación y coordinador del informe, Mikel Mazkiarán, dentro del “racismo institucional”, la mayoría de quejas se refieren a demoras en los trámites de extranjería y nacionalidad, la situación en los CIE (Centros de Internamiento de Extranjeros) y el trato recibido en dependencias policiales.

Las entidades públicas representan “el primer agente discriminador racista”, al copar el 41% de los casos registrados, por delante de las entidades privadas (29,8%) y los particulares (26,8%).

Tras el racismo institucional, aparece como segundo tipo de discriminación racista los “conflictos y agresiones racistas” (por ejemplo, insultos racistas en la vía pública), que en 2015 fueron el primer tipo en número de casos, con el 28%, y que el año pasado se redujeron al 16% del total (51).

Los siguientes tipos son los incidentes relacionados con cuerpos policiales y personal de seguridad privada (15%), discriminación laboral (13%) y denegación de acceso a prestaciones y servicios públicos (13%).

Por origen de la persona discriminada por racismo, la población subsahariana es la que se siente más víctima de racismo, aunque los procedentes del continente americano son los que interponen más denuncias.

La Federación SOS Racismo pide una ley integral contra la discriminación y el maltrato racista. Cree que hay que ir más allá de la tipificación del delito de odio que se introdujo en la última reforma del Código Penal con el artículo 510, ya que hay “microrracismos”, según Mazkiarán, que quedan fuera del foco de la cobertura penal.

SOS Racismo sostiene que ahora es un buen momento para que el Parlamento apruebe esa ley integral, dado que hay varias proposiciones presentadas por la oposición en el Congreso pendientes de debate.

En la rueda de prensa participaron varios responsables autonómicos de SOS Racismo, entre ellos la de Cataluña, Alba Cuevas, a la que se le preguntó por el auge de la islamofobia tras los atentados yihadistas.

Cuevas explicó que tras los atentados de Cambrils y Barcelona, su organización recibió numerosas denuncias de islamofobia que invitan a pensar en nuevas herramientas de garantía de protección de derechos de las personas susceptibles de investigación.