Reforma laboral. Los sindicatos reiteran que el contrato de 33 días "debería desaparecer"

- Lamentan que la posición del Gobierno es "más cercana a la de los empresarios"

MADRID
SERVIMEDIA

Las organizaciones sindicales consideran que "lo mejor" que la reforma laboral podría hacer con el contrato de fomento del empleo indefinido sería "desaparecer", lejos de la propuesta del Gobierno de generalizar su uso.

Fuentes sindicales señalan que "lo mejor sería que desapareciera" este contrato, que tiene una indemnización por despido de 33 días, para lo que plantean un periodo transitorio hasta su extinción, que consideran podría producirse en el año 2012.

En la negociación de la reforma laboral, los sindicatos han propuesto un plan extraordinario de conversión de trabajadores temporales en indefinidos con este modelo de contrato, hasta que en el año 2012, o en el plazo fijado, se elimine la posibilidad de realizar nuevos contratos de fomento.

Es decir, la medida no sería retroactiva, sino que se aplicaría sólo sobre las nuevas contrataciones indefinidas, que sólo podrían ser con el modelo ordinario.

Así, los sindicatos advierten de que no van a aceptar un abaratamiento del despido, por lo que volvieron a criticar la propuesta del Ejecutivo de generalizar el uso del contrato con 33 días de indemnización.

Sin embargo, las principales críticas de las organizaciones sindicales no se centran en ampliar las posibilidades de uso de este contrato, sino en la intención de los empresarios y del Gobierno de cambiar la indemnización en caso de despido disciplinario.

En la actualidad, la indemnización de 33 días se aplica en los despidos objetivos que son declarados improcedentes, pero no en los casos disciplinarios, en los que se mantiene el coste ordinario de 45 días.

Los sindicatos temen que si se reduce a 33 días también este tipo de despidos, los empresarios tendrían vía libre para extinguir el contrato de los trabajadores con esa indemnización, sin tener que demostrar las causas y sin la posibilidad de que el empleado pueda iniciar un proceso judicial.

Sobre este tema, las organizaciones sindicales también se mostraron dispuestas a discutir sobre la necesidad de clarificar las causas objetivas de despido, pero advirtieron de que eso no significa su "descausalización". "Ahí no vamos a entrar", aseguran.

Sobre el coste del despido, se mostraron dispuestos a discutir sobre la aplicación en España del llamado modelo austriaco, que supondría que el Estado pagaría, a través del Fondo de Garantía Salarial (Fogasa), parte de las indemnizaciones.

En esta caso, se mostraron dispuestos a aceptar que se utilice el dinero que hasta ahora se destina a las bonificaciones de la contratación para que, junto al Fogasa, se costee parte de este pago.

No obstante, los sindicatos lamentan que "en este tema" -el de la contratación- la posición del Gobierno en la negociación de la reforma laboral "es más cercana a la de los empresarios".

REDUCIR LA TEMPORALIDAD

Con el objetivo de reducir la temporalidad, los sindicatos también proponen penalizar la contratación de duración determinada, con un incremento de la cotización por desempleo de dos puntos.

Como contrapartida, los empresarios que hagan un contrato indefinido tendrán una reducción de un punto en esta cotización.

Otro tema que se está discutiendo en la mesa de negociación es la de la entrada de las Empresas de Trabajo Temporal (ETT) en nuevos sectores. En este caso, los sindicatos estarían dispuestos a dejar que actúen en estas actividades siempre que así lo pacten los representantes en la negociación colectiva.

También aseguran que podrían ceder en la pretensión de las organizaciones empresariales de que el coste de una baja por incapacidad temporal por enfermedad común, que en la actualidad cubren las empresas entre el cuarto y el decimoquinto día, sea en su totalidad sufragado por la Seguridad Social.

Además, admitirían la propuesta del Gobierno de que, de forma temporal, el Fogasa) pueda cubrir tambíen a todas las empresas en dificultades, no sólo a las de menor tamaño.

En cuanto al plan de choque para el empleo joven, que se centrará principalmente en la reforma del contrato de formación, los sindicatos aceptarían que se amplie hasta los 24 años la edad máxima para su utilización.

No obstante, denuncian que sobre este tema los empresarios pretenden que este modelo de contrato se pueda usar con personas de hasta 30 años y que el salario sea de sólo el 85% del Salario Mínimo Interprofesional (SMI).

(SERVIMEDIA)
02 Jun 2010
MFM/lmb