El tribunal catalán ha ordenado que la querella se acumule en las dos causas que ya mantiene abiertas para investigar el referéndum ilegal contra el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, y su gobierno y contra la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, y los miembros de la Mesa que la apoyaron en la Cámara.

En una resolución conocida este miércoles, la Sala Civil y Penal del TSJC declara su competencia para investigar los hechos y admite a trámite la querella. Establece a lo largo de sus ocho folios el pago de una fianza como condición previa para que Vox pueda ejercer la acusación popular en la causa.

La formación política presentó la querella el pasado 7 de septiembre, justo después de que el Parlament permitiera la votación sobre la Ley del Referéndum y el Gobierno catalán en pleno aprobara el decreto de convocatoria de la consulta del 1 de octubre.

Además de los delitos de sedición y rebelión, Vox acusa a los miembros del gobierno de la Generalitat de desobediencia, prevaricación, malversación, usurpación de funciones, sedición y conspiración para la rebelión. Esta querella se acumula a procedimientos ya abiertos al tratarse de "los mismos hechos" o, en todo caso, "hechos conexos".