En las misivas, a la que tuvo acceso Servimedia, Aguado expone que considera “prioritario impulsar todas las medidas que sean necesarias para contribuir a la regeneración democrática de nuestra región”.

Asimismo, informa de que durante la pasada sesión de control al Gobierno, “volví a trasladar nuestra preocupación sobre este asunto a la presidenta regional e insté tanto al PP como al PSOE que nos sentáramos a negociar una reforma puntual del Estatuto de Autonomía que recogiera la eliminación de los aforamientos en la Comunidad de Madrid”.

“En este sentido, me gustaría emplazarte formalmente a una reunión para la próxima semana, en la que podamos intercambiar opiniones acerca de la propuesta que adjunto a este carta y sobre la que, a mi entender, todos parecemos estar de acuerdo”, expone Aguado.

Destaca que “tenemos una gran oportunidad para demostrar a los madrileños que la política y las instituciones pueden regenerarse. Una nueva oportunidad para demostrar que no hace falta romperlo todo, como proponen algunos, sino que basta con reformar aquello que no funciona”.

Aguado manifiesta a los líderes de ambas formaciones que “espero contar contigo y con tu grupo parlamentario para impulsar esta necesaria reforma”.

Ciudadanos incluye en la misiva su propuesta de modificación parcial del Estatuto de Autonomía de Madrid para aclarar que “durante su mandato los miembros de la Asamblea no podrán ser detenidos ni retenidos por actos delictivos cometidos en el territorio de la Comunidad, sino en caso de flagrante delito, debiendo decidir, en todo caso, sobre su inculpación, prisión, procesamiento y juicio el juez que corresponda según las normas generales de determinación de la competencia. Fuera de dicho territorio, la responsabilidad penal será exigible en los mismos términos ante el juez que corresponda según las normas generales de determinación de la competencia”.

Asimismo, plantea que “la responsabilidad penal del presidente, de los vicepresidentes y de los consejeros será exigible ante el juez que corresponda según las normas generales de determinación de la competencia” y añade que “la responsabilidad civil en que dichas personas hubieran incurrido con ocasión del ejercicio de sus cargos será exigible, de conformidad con lo previsto en la Ley Orgánica del Poder Judicial, ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid”.