La también ministra de Presidencia y para las Administraciones Territoriales se pronunció en estos términos en una entrevista en Onda Cero recogida por Servimedia, al ser preguntada por las informaciones que apuntan que el gabinete de Carles Puigdemont prepara en estos momentos recursos ante la Justicia española y europea.

“No deja de llamar poderosísimamente la atención que quienes se han colocado contra las sentencias y autos del TC y fueron apercibidos para que cumplieran con la Constitución y con la ley se dirijan a ese tribunal”, valoró la ‘número dos’ de Mariano Rajoy en el Gobierno.

No obstante, señaló que “esa es la fórmula” que puede utilizar “quien tenga dudas de la constitucionalidad de cualquier asunto”, como son las medidas que el Gobierno implementará en Cataluña, entre ellas el cese completo del Govern, si cuenta con el visto bueno del Senado este viernes. En cualquier caso, remarcó que el Gobierno “sí respeta y acata” lo que diga el TC.

ALEGACIONES DE PUIGDEMONT

Sáenz de Santamaría reconoció que no ha habido ningún contacto con el todavía Gobierno catalán tras el anuncio del sábado. Es más, consideró que en estos momentos “lo mejor es que las cosas se digan públicamente” y, por ello, destacó que el Govern “tiene una posibilidad” de ir al Senado y hacer “las alegaciones que estime oportunas”.

“Así le oiremos todos lo que tienen que decir”, insistió, al tiempo que explicó que una vez se aprueben por el Senado las medidas acordadas al amparo del 155 los Ministerios pasarán a asumir el ejercicio de las competencias que hasta ahora desarrollaban los distintos consejeros catalanes.

Pero dejó claro que “esto no quiere decir que la Generalitat desaparezca y que sea el Estado quien recupera para sí competencias”, sino que se trata de que los Ministerios ejerzan estas funciones para restituir la normalidad institucional. Además, hizo especial hincapié en que el acuerdo está diseñado “gradualmente” para adaptarlo a las circunstancias.

Es decir, si en las consejerías catalanas que pasarán a estar dirigidas desde los ministerios se cumple la Constitución y las leyes la aplicación “será de una manera”, mientras que si hay un desacato se podrá “ir removiendo a las personas que sean responsables de esos incumplimientos”. “Esperemos que no sea así”, enfatizó la vicepresidenta.

MANDO ÚNICO

Además, indicó que es “una posibilidad” que se nombre un mando único para Cataluña, aunque esta decisión la tomará el presidente del Gobierno una vez cuente con la autorización del Senado para desplegar en Cataluña el paquete de medidas que ha consensuado con el PSOE y Ciudadanos.

Preguntada por la posibilidad de que Puigdemont se niegue a admitir estas decisiones, resaltó que en cuanto el cese del Govern sea publicado dejarán de ostentar estos cargos “a todos los efectos legales”, por mucho que “ellos quieran vivir en la ficción que sea”. “¡No están investidos por ninguna autoridad divina, que no se crean que están puestos por la mano de Dios!”, exclamó.

Por tanto, Puigdemont “dejará de cobrar como presidente de la Generalitat” una vez el acuerdo sea firme con el voto favorable de la Cámara Alta. En cualquier caso, la vicepresidenta incidió en que si el resto de la Administración catalana cumple con las leyes, la aplicación de las medidas será “la estrictamente necesaria”.

En cuanto al plazo de seis meses para disolver el Parlamento catalán y convocar elecciones en Cataluña bajo el paraguas del 155, dijo que es un tiempo consensuado con el PSOE y con Ciudadanos, ya que este artículo “no puede tener una duración ilimitada”, pero tampoco se trata “de implantarlo de la noche a la mañana”.

"AGITACIÓN PROPAGANDÍSTICA"

Defendió que Rajoy ha demostrado que “estas cosas las sabe manejar con prudencia, pero también con determinación cuando llega el caso”, y criticó que mientras tanto la Generalitat esté “todo el día dedicada a la propaganda” internacional, aunque resaltó que hay medios como ‘The Guardian’ que están “alertando de la agitación propagandística falsa”.

En una entrevista posterior en Telecinco recogida por Servimedia, Sáenz de Santamaría reaccionó a las críticas del PNV sobre el 155 diciendo que “la defensa de la Constitución y de la ley es lo primero en estos momentos”. Por ello, dijo que “no conviene” mezclar las decisiones para frenar la crisis catalana con los Presupuestos Generales del Estado para 2018.

Finalmente, dijo que los consulados de la Generalitat en el exterior constituyen “uno de los ámbitos en los que vamos a actuar con carácter prioritario”, ya que los responsables del Gobierno catalán “han pretendido construir con todo ese entramado una estructura de Estado que no cabe dentro de nuestro marco constitucional”.