En un comunicado, CSIF tildó de “irresponsable” la actuación de las autoridades de la Generalitat, “situándose al margen de la ley y provocando una fractura social en la ciudadanía”.

El sindicato aseguró que, en el ámbito de su responsabilidad, trabajará para recabar la información por parte del Gobierno sobre las medidas adoptadas, en el marco del artículo 155 de la Constitución, y analizar sus consecuencias sobre el ejercicio profesional de los empleados públicos, con el fin de velar por sus condiciones laborales.

CSIF aseguró que “respeta” las medidas que ha autorizado el Senado para garantizar la legalidad y las funciones de la administración catalana, en el ámbito del Estatuto de Autonomía, “con el fin de preservar los servicios que reciben los ciudadanos, la sanidad, la educación, los servicios sociales, las pensiones y el conjunto de prestaciones del Estado del bienestar, y el normal funcionamiento del Estado”.

La organización subrayó que “entiende que los empleados públicos están al servicio de los ciudadanos y de la legalidad vigente, en este caso el estatuto básico del empleado público y de autonomía de Cataluña, donde se establece de manera meridiana que nos debemos a la Constitución”.

Para CSIF, “los empleados públicos, por encima de decisiones partidistas, actúan como un elemento cohesionador del Estado”. “Los empleados públicos trabajamos para la igualdad de todos los españoles, vivan donde vivan, y las administraciones públicas son garantes de los principios que sustentan nuestro modelo de Estado social, democrático y de derecho desde el comienzo de la democracia”, sentenció.