El Parlament reclama que el TC admita a trámite su petición y que, por lo tanto, paralice el proceso de dictar sentencia, puesto que antes de resolver el recurso de súplica presentado debe dar audiencia a todas las partes personadas en este proceso, es decir, lo debe comunicar y dejar que se pronuncien todos los que han interpuesto recurso de inconstitucionalidad contra el estatuto, es decir, el PP, el Defensor del Pueblo, y los gobiernos de las comunidades de Murcia, La Rioja, Aragón, Valencia y las Islas Baleares.

El recurso de súplica que han presentado los nuevo letrados de la Cámara catalana es la respuesta a la decisión del TC del 27 de mayo de "desestimar, mediante una providencia y sin el menor asomo de argumentación", el incidente procesal que había presentado el Parlamento un día antes, en el que le pedía que se declarase incompetente o que suspendiera el proceso.

Ahora el Parlamento, con el recurso de súplica, le pide al TC que, si no acepta sus argumentaciones, "responda motivadamente los argumentos jurídicos aducidos porque la relevancia de la cuestión planteada sobre la continuidad de la tramitación de los procesos exige un pronunciamiento que tenga forma de interlocutoria, que necesariamente facilita el conocimiento de las razones que fundamentan la decisión recorrida en contra".

El Parlamento añade que "la ausencia de motivación de la providencia recurrida en contra produce una situación de indefensión" al desconocer las razones por las cuales se rechaza la demanda de la Cámara.

El recurso de súplica insiste en los argumentos jurídicos expuestos en el incidente procesal presentado por el Parlamento el 26 de mayo, que dejaba claro que en caso alguno no se cuestiona la competencia objetiva del TC como institución, pero que esto no excluye que el actual tribunal lo haya perdida en vista de todos los acontecimientos que se han producido.

Así, consideraba que hay una "vulneración clara y flagrante" del principio constitucional de renovación temporal de los miembros de TC, que afecta "gravemente" la legitimidad del tribunal y que han elementos que avalan la pérdida de las condiciones necesarias por garantizar que el TC cumpla los requisitos de independencia e imparcialidad, y se constataba, además, la imposibilidad que el tribunal actual pueda superar "el test objetivo de independencia e imparcialidad" ante la ciudadanía, de acuerdo con el principio de confianza ciudadana que los tribunales han de inspirar en una sociedad democrática.

Con respecto a la actual composición del TC, los servicios jurídicos afirman que se incumple la constitución, concretamente el artículo 159.3, que dice que "los miembros del TC son designados para un periodo de nuevo años y se renuevan por terceras partes cada tres". Se afirmaba que la actual situación de mandatos caducados y una vacante por cubrir es una "vulneración directa y frontal de la Constitución" y que la composición actual del tribunal está "contaminada seriamente por esta anomalía", que comporta un "déficit grave" de legitimidad.