Esta iniciativa, que se saldó con 23 votos a favor y dos abstenciones, se fundamenta en las “mayores dificultades” a las que se enfrentan las mujeres con discapacidad “para llevar adelante su maternidad óptimas”.

Asimismo, solicita una evaluación del mencionado plan, de acuerdo con la línea estratégica séptima de evaluación por resultados que contempla el Plan Integral a la Familia 2015-2017 y en base a esto, “elaborar un nuevo plan para los próximos años”.

La senadora del PP Carmen Leyte fue la encargada de defender la iniciativa y aseguró que en España hay alrededor de 4 millones de personas con discapacidad, lo que supone un 8,5% de la población, y casi el 60% son mujeres, las cuales, tienen que luchar contra una doble discriminación “por su doble condición de mujer y discapacidad, que las hace más vulnerables”.

En este sentido, Leyte defendió que se precisan medidas especiales para que puedan conseguir “el objetivo de ser madres en un ambiente normalizado” y remarcó que estas mujeres “necesitan romper barreras, no solo arquitectónicas, también barreras de prejuicios; convencer a su entorno familiar y a sus amigos, y contar con las ayudas suficientes para poder tener a su hijo en las mejores condiciones”.

Por último, subrayó que sigue siendo necesario implementar más medidas transversales que “romper barreras, no solo arquitectónicas, también barreras de prejuicios; convencer a su entorno familiar y a sus amigos, y contar con las ayudas suficientes para poder tener a su hijo en las mejores condiciones”.