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Cataluña. El Gobierno enmarca el encarcelamiento de Junqueras en la independencia judicial

- Dice que “escapa de su ámbito”, aunque recalca que “la jueza estima que ha habido un presunto delito”

MADRID
SERVIMEDIA

El Gobierno enmarcó este viernes en el “ámbito del Poder Judicial” la decisión de la jueza de la Audiencia Nacional Carmen Lamela de enviar a prisión al vicepresidente cesado de la Generalitat de Cataluña, Oriol Junqueras, y a los ocho exconsejeros que declararon acusados de delitos de rebelión y sedición en relación con la declaración de independencia, y recalcó que España es un Estado de Derecho y esta decisión judicial “escapa” del “ámbito” de acción del Poder Ejecutivo.

Así lo expuso el portavoz del Ejecutivo, Íñigo Méndez de Vigo, en la rueda de prensa que ofreció en el Palacio de La Moncloa para dar cuenta de la reunión del Consejo de Ministros, al ser preguntado por los posibles impactos que estos encarcelamientos puedan causar en la campaña electoral de las elecciones del próximo 21 de diciembre.

“La separación de poderes está vigente en España e implica también la separación de responsabilidades”, sentenció Méndez de Vigo, antes de incidir en que los encarcelamientos acordados ayer están “en el ámbito del Poder Judicial, que como todo el mundo sabe en un Estado de Derecho es independiente, autónomo y escapa del ámbito del Gobierno”.

Ante la insistencia de los periodistas sobre la trascendencia que tendrán los encarcelamientos en la campaña electoral, abundó en que la actitud del Gobierno “ha sido siempre de respetar y acatar las decisiones judiciales”, algo que hace “para mantener el equilibrio entre instituciones y garantizar la independencia y autonomía del Poder Judicial”.

“Las consecuencias que pueda tener las ignoro, pero el Gobierno será respetuoso con ellas”, aseguró el también ministro de Educación, Cultura y Deporte, al tiempo que defendió que España es una “democracia madura y un Estado de Derecho” pese a las críticas vertidas desde partidos nacionalistas belgas.

Por tanto, Méndez de Vigo defendió que no le compete al Gobierno de España “entrar a analizar” decisiones estrictamente judiciales. En este caso, sólo dijo que “la jueza estima que ha habido un presunto delito” y que este tipo de decisiones se han tomado “dentro de la independencia del Poder Judicial”.

(SERVIMEDIA)
03 Nov 2017
MFN/PAI/caa