La jueza ha dictado dos autos por cada uno de los encausados: los exconsellers Lluis Puig, Clara Ponsatín, Toni Comín y Meritxell Serret, y el propio Puigdemont.

El primero da curso a la Orden de Detención Europea (OEDE) y se dirige a Bélgica, país donde “al parecer” se encuentran los cinco investigados, señaló la Audiencia Nacional.

Tal y como prevé la ley, la OEDE se envía las autoridades judiciales belgas, que en este caso concreto se trata de la Fiscalía Federal Belga. Esta orden de detención se ha insertado también en el ‘Programa Sirene’ de la policía.

En el segundo auto, la juez tramita la Orden de Busca y Captura Nacional e Internacional de todos ellos, a través de Policía Nacional, Guardia Civil e Interpol.

La juez además rechaza la petición formulada por Puigdemont y otros exconsellers, de prestar declaración por videoconferencia. Según explica la magistrada en sus resoluciones, no concurre ninguno de los casos para autorizar esta medida.

PETICIÓN DEL FISCAL

El teniente fiscal Miguel Ángel Carballo había solicitado a la jueza que ordenara las detenciones, en un escrito en el que señala que es “un hecho notorio y públicamente conocido” la citación de Puigdemont “para comparecer en el día de hoy”, pese a lo cual “no ha comparecido, como el resto de los querellados”.

El fiscal explicaba que “constan reiterados intentos de entregar la citación en su domicilio, así como reiteradas llamadas telefónicas a las que se ha hecho caso omiso”, y destaca también que el expresidente "ha manifestado públicamente su intención de no comparecer y ha solicitado", junto con Toni Comín y Meritxell Serret, declarar por videoconferencia "sin ofrecer dato alguno sobre su paradero actual".

La Orden Europea de Detención (OED) es una solicitud de una autoridad judicial de un Estado miembro de la UE a otro para que detenga y entregue a una persona. En este caso concreto, la Audiencia Nacional pediría a la justicia belga que extradite al presidente cesado, Carles Puigdemont, y a los exconsellers que a día de hoy permanecen en Bélgica, para que sean juzgados en España.

Una vez detenidos en Bélgica, corresponderá a la justicia belga decidir si existen motivos para la extradición y dictar una sentencia en unos plazos muy estrictos. Puigdemont, que tiene a Paul Bekaert como su abogado en Bélgica, ya ha anunciado que “impugnará cualquier posible petición de extradición”.

Será allí, en Bélgica, donde se dirima si los cinco exmiembros del Govern deben ingresar en prisión hasta que se resuelva la orden de entrega o si quedan en libertad hasta la resolución, que como máximo podrá tardar dos meses.