Ante el Día Nacional de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas que se celebra el 3 de mayo, la Confederación publicó este lunes un informe preliminar bajo el título 'Irregularidades en la aplicación del baremo de discapacidad', a partir de una encuesta a más de 600 personas.

El trabajo concluye que, desde la puesta en marcha de este nuevo instrumento, las personas que no consiguen el grado mínimo para tener reconocida una discapacidad (33%) subieron un 6%.

Según sus resultados, más del 76% de las personas espera más de seis meses para obtener el grado de discapacidad, lo que supone un incumplimiento de la previsión legal. Para el 94% de ellas, esta espera ha supuesto una vulneración de sus derechos.

El informe destacó que en el 60% de los casos, no se tomó en cuenta la afectación en la vida diaria de las personas, ignorando aspectos como el esfuerzo para realizar actividades básicas o el grado de dolor experimentado.

El 55,5% de los encuestados aseguraron que durante el proceso de valoración no se tuvieron en cuenta todas las pruebas e informes aportados. Además, el 63% señalaron que tampoco se han valorado las múltiples enfermedades o trastornos asociadas.

Para el presidente de Cocemfe, Anxo Queiruga, “la realidad es que dos años después de la entrada en vigor del nuevo baremo de discapacidad, la situación actual sigue siendo preocupante. "Las personas con discapacidad siguen enfrentando obstáculos significativos”, subrayó.

A su juicio, "existe una carencia significativa de recursos y formación para el personal encargado de la valoración, lo que provoca que las personas estén siendo mal valoradas y no puedan acceder a los recursos La falta de equidad y de cohesión territorial provoca que según donde vivan las personas, estas "tengan derechos diferentes".

Por todo ello, Cocemfe exigió "la aplicación inmediata y de manera integral del nuevo baremo de discapacidad", a fin de garantizar una valoración adecuada y equitativa para todas las personas.

Instó asimismo a las diferentes administraciones a "hacer un esfuerzo de cohesión" y a apostar "por la equidad, poniendo en marcha medidas de manera inminente para dotar de recursos humanos y técnicos a los centros de valoración, de manera que puedan atender con rigor a las personas de todo el territorio nacional".

Obtener la valoración del grado de discapacidad es la puerta de acceso al sistema de derechos establecidos en nuestro país para una persona con discapacidad. Si no se tiene esta acreditación se queda fuera del sistema. La Convención establece el derecho de las personas con discapacidad a acceder a los mismos derechos y beneficios que el resto de la población, sin discriminación por lo que “es acuciante invertir en recursos humanos y materiales para garantizar un despliegue efectivo del nuevo baremo. Sin presupuesto adecuado y recursos suficientes, se seguirán vulnerando los derechos de las personas con discapacidad”, concluyó el presidente de Cocemfe.