Ferrer hizo declaraciones a la prensa momentos antes de participar en una reunión del Consejo Confederal de UGT, órgano consultivo del sindicato.

En su intervención ante los medios, Ferrer explicó que mañana, martes, se reunirán los consejos confederales de UGT y CCOO y, por la tarde, los secretariuos generales de ambas organizaciones informarán de su decisión al respecto de la citada convocatoria de huelga.

Una decisión que "han de analizar, resolver y, en última instancia, decidir, los órganos de dirección de CCOO y UGT" a partir del documento de propuestas de medidas sobre el mercado de trabajo "que el Gobierno nos trasladó el pasado viernes a las ocho de la tarde, que no el real decreto ley".

Este real decreto, añadió, "no lo tenemos", ya que el Ejecutivo lo entregará "después de aprobado por el Consejo de Ministros", este miércoles, y tras ser negociado, desde este lunes, con los grupos parlamentarios. Para que tal movilización sea masiva, "hay que trabajar en los centros de trabajo", apuntó.

Dentro de este 'modus operandi' que ya planean los sindicatos, Ferrer explicó que "vamos a hacer un proceso ascendente de movilización, un proceso de vinculación con los trabajadores, porque también estamos observando que lo que se pretende es que el sindicalismo confederal tenga un fracaso, para abrir otras vías de imposición y de reforma hacia la negociación colectiva y hacia las pensiones".

DUALIDAD E INCONSTITUCIONALIDAD

Según el secretario de Acción Sindical de UGT, las medidas propuestas por el Gobierno en dicho documento van a producir más dualidad en el mercado de trabajo, ya que no actúan sobre la temporalidad injustificada ("se mantiene el contrato de obra y servicio, vinculado a la contratación y subcontratación y se mantiene la confusión entre el contrato de obra y el temporal").

Introduce, asimismo, un período de prueba que va a aumentar, a su juicio, la temporalidad, además de no limitar el encadenamiento del mismo puesto de trabajo.

De hecho, para UGT el texto incluye medidas que "claramente atentan contra el principio de igualdad", ya que el fondo de garantía salarial "sólo va a proteger a los trabajadores con contrato de fomento de contratación indefinida, excluyendo a quienes tengan contrato indefinido de carácter ordinario". Puesto que el principio de igualdad es constitucional, esta cuestión "podría tener riesgo cierto de inconstitucionalidad".

Otro elemento contrario a la Constitución, para UGT, es el que supone que se rompa la fuerza vinculante de los convenios. "El empresario podrá tomar decisiones unilaterales cuando en un periodo de 90 días no supere los umbrales. Así, se ha abierto una vía para aumentar el poder discrecional del empresario". Igualmente, el documento "impone un arbitraje obligatorio" lo que, añadió Ferrer, entraña la tercera cuestión que tendría riesgo de inconstitucionalidad.

La poca definición del fondo de capitalización y la introducción de criterios "subjetivos y aleatorios" entre las causas del despido son, añadió Ferrer, "una prueba más del desequilibrio entre los intereses sociales, del trabajador, y lo económicos, del empresario" en la propuesta del Gobierno.

En lo relativo a la intermediación laboral, Ferrer tachó las medidas propuestas de "desideratum empresarial", ya que se pretende "convertir a los desempleados en un negocio" sometido al "lobby de las empresas de trabajo temporal".

Finalmente, el portavoz de UGT sostuvo que "este es un documento que ni va a servir para crear empleo, ni para reducir la dualidad, que produce lesión de derechos a los trabajadores y que es claramente desequilibrado: está claramente inclinado hacia los intereses económicos y empresariales".