El Gobierno ha introducido algunos cambios en el Real Decreto presentado el pasado viernes y que este miércoles ha recibido el visto bueno del Consejo de Ministros. Entre ello se incluye levantar la restricción a la actividad de las agencias privadas de colocación en el sector público.

La reforma aprobada este miércoles en Moncloa generaliza aún más la utilización del contrato de fomento de la contratación indefinida, que tiene una indemnización por despido de 33 días por año trabajado, y permitirá su uso en aquellos trabajadores fijos con entre 31 y 44 años que hayan sido despedidos.

El Ejecutivo también ha modificado la medida por la que el Fondo de Garantía Salarial (Fogasa) abonará 8 días de la indemnización por despido de forma transitoria. En el borrador del Real Decreto presentado la pasada semana sólo se aplicaba esta ayuda en los contratos de 33 días, mientras que ahora el Gobierno lo ha ampliado también a los ordinarios (45 días de indemnización por despido).

Según expuso el titular de Trabajo, el real decreto ley aprobado sólo modifica el régimen jurídico de un contrato temporal, el de obra y servcio, que podrá extenderse por tres años, ampliables en doce meses (frente a los dos años, ampliabes también en doce meses, del primer borrador).

33 DÍAS

El real decreto ley generaliza el contrato de fomento del empleo (con 33 días de indemnización, en lugar de 45), si bien Corbacho dejó claro que hay ciertas restricciones a este tipo de contratación.

Con él se pretende, apuntó, “dar seguridad y certeza al empresario en cuanto a la extinción del contrato, a la vez que dar suficiente atractivo para que la contratación sea más estable”.

El contrato de fomento está pensado para los trabajadores que actualmente tienen un empleo temporal o están en paro. En este sentido, el ministro recordó que el 92% de los contratos que se hacen en España son temporales y que, de este modo, se busca dar una alternativa a esta situación y cambiar esta tendencia. La meta es, de este modo, que este contrato pueda ser utilizado “para el mayor número de personas”.

MODELO AUSTRIACO

Otra de las principales modificaciones se refiere a la “decidida apuesta” por el modelo austriaco, que representa una “capitalización de los derechos que se van contruyendo a lo largo de la carrera profesional”. Este modelo se introducirá en el mercado laboral mediante la tramitación de un proyecto de ley independiente, en el plazo de un año.

Además, Corbacho dejó claro que el Ejecutovo no se plantea un incremento de las cuotas existentes. Con todo, “ha de haber una fuente de financiación, que tiene que ver con la cuota. Eso es lo que habrá que buscar” en la tramitación, “con neutralidad sobre el global de los costes de la empresa”. Así, habrá que ver si se crea una cuota “específica”.

Por otro lado, la reforma aprobada por el Gobierno introduce la posibilidad de que las empresas recurran al despido en caso de tener una sitación económica negativa.

En concreto, se entenderá que concuren estas causas económicas cuando “de los resultados de la empresa se desprenda una situación económica negativa. A estos efectos, la emprsas tendrá que acreditar resultados y acreditar que de los mismos se deduzca mínimamente la razonabilidad de la situación extintiva”.

TRAMITACIÓN

Las modficaciones introducidas en el texto probado este miércoles son la consecuencia de las conversaciones que, en la última semana, el Gobierno ha mantenido con los grupos parlamentarios.

La voluntad del Ejecutivo, una vez aprobado este real decreto ley, el que el texto se tramite en el Parlamento, como proyecto de ley, con la mayor rapidez, siempre manteniendo sus tres objetivos básicos: mejorar la productividad, mejorar la estabilidad y dar flexibilidad interna a las empresas, lo que no equivale a introducir más inseguridad, aseguró Corbacho.

Por su parte, la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, sostuvo que el texto aprobado hoy en el Consejo de Ministros “mañana será ley”.

Admitió que la reforma se ha aprobado “sin la rúbrica de los agentes sociales”. Sin embargo, “creemos que contiene el espíritu de sus aportaciones” y logra un “equilibrio” entre ellas. Además, confió en que una reforma “ambiciosa y de calado” como, a su juicio, es esta, pueda alcanzar el mayor grado de acuerdo.

De la Vega también indicó que el Gobierno ya ha iniciado contactos con los grupos parlamentarios, para la tramitación del real decreto como proyecto de ley. “Podrán incorporar iniciativas en su tramitación en el Parlamento”, añadió.

“Esta es nuestra forma de gobernar, no otra. Desde la responsabilidad última del Gobierno, trabajaremos por el consenso”, dijo.

Así, puntualizó Corbacho, el Gobierno se hará responsable de todas las enmiendas que pudiera incluirse en el Parlamento.