Este código contiene recomendaciones que asumen las 27 empresas que componen el foro así como la administración tributaria, si bien no son obligatorias y son flexibles, de manera que las compañías "puedan adaptarla a sus propias características".

El documento define las estructuras opacas como "aquellas en las que, mediante la interposición de sociedades instrumentales a través de paraísos fiscales o territorios no cooperantes" estén diseñadas para impedir el conocimiento del responsable final de las actividades.

En este sentido, la Agencia Tributaria y la Administración se comprometen a colaborar en la detección y búsqueda de soluciones respecto a aquellas prácticas fiscales fraudulentas que puedan desarrollarse en los mercados en los cuales están presentes para erradicar las ya existentes y prevenir su extensión.

Desde su adhesión, las empresas tendrán que reflejar en su informe anual de gobierno corporativo el efectivo cumplimiento del contenido del código, y en el supuesto de que no aparezca se entenderá que la entidad ha decidido renunciar al mismo, salvo que medie una justificación.

Entre las recomendaciones figura que el Consejo de Administración deberá estar informado de las políticas fiscales de la compañía, y antes de formular las cuantas anuales el responsable de esta materia, bien directamente o a través de la Comisión de Auditoría, tendrá que informar al máximo órgano de gobierno de las empresas.

Para las empresas que se adhieran significa ratificar su compromiso con las mejores prácticas de gobierno corporativo, con la transparencia, con la cooperación en la práctica fiscal así como con la colaboración con la Administración en la detección de prácticas fraudulentas.

Por su parte, la Agencia Tributaria se compromete a aportar una mayor seguridad jurídica en la aplicación e interpretación de las normas tributarias, publicitando los criterios de aplicación general y posibilitando las consultas previas y el establecimiento de criterios sobre el tratamiento tributario de determinadas operaciones especialmente complejas, lo que supondrá la reorganización de determinadas áreas de la Agencia Tributaria.

Este aumento de la seguridad jurídica permitirá reducir de forma considerable la litigiosidad, que en el caso de los grandes expedientes fiscales puede llegar a alcanzar los quince años.

Para los firmantes, una correcta gestión tributaria y una mayor seguridad jurídica en materia fiscal conlleva una mayor fortaleza en los resultados económicos y disminuye los riesgos, entre los que están los reputacionales.

Entre las 27 empresas firmantes figuran Banco Santander, BBVA, Caja Madrid, Telefónica, Vodafone, El Corte Inglés, Gas Natural Fenosa, Iberdrola, "la Caixa" o Repsol.